O LA SEÑAL de todas las comunicaciones se bloqueó en el ICHITAIP, o de plano los inquilinos del lugar cayeron en autismo transparente al grado de que prefirieron, como el Peje, ser dueños de su silencio y opacar cualquier intento de explicación sobre el penoso caso de la falsificación de documentos que ayer le dimos a conocer en este mismo espacio.
Por su parte, se supo que ayer el dirigente estatal del PRI estuvo en la ciudad de México realizando gestiones propias de su encargo y este día estará aterrizando en ciudad Juárez para enterarse de primera mano cómo estuvo eso de que el ICHITAIP le hizo una notificación con documentos alterados.
La reacción tricolor está mantiene en vilo a los funcionarios involucrados, particularmente al comisionado presidente, Alejandro de la Rocha, quien hizo uso del derecho a no emitir declaraciones porque prácticamente todo lo que exprese puede ser usado como un boomerang ante tan evidente alteración del proceso interno del organismo que preside al momento en que notificaron de una resolución al Partido Revolucionario Institucional.
Nos cuentan que la comisionada Nancy Martínez fue apercibida desde las alturas para no emitir declaración alguna que ni confirme ni niegue la información, pero de que la comisionada hizo el berrinche de su vida y pidió antier que se prendieran los focos de alerta, de eso no hay duda y quedó registro en la bitácora de la sesión pública donde se encontraba enlistado el asunto que daría carpetazo a la falsificada notificación, a no ser porque la misma Nancy Martínez descubrió que una cosa fue lo que ellos aprobaron y otra la que De la Rocha y compañía enviaron a tricolor con firma autógrafa de por medio y publicada como evidencia reina en la plataforma digital de INFOMEX.
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A PESAR DE que la actual administración estatal nada tuvo que ver con lo sucedido en el caso del Campo Algodonero, ocurrido en el 2001 en Ciudad Juárez y en donde localizaron los cadáveres de ocho jovencitas torturadas y violentadas, en sus manos está que se logré aplicar la sanción que desde el 2009 emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, misma que alcanzaría a 81 servidores públicos que por ese entonces, simple y llanamente, ignoraron la exigencia de justicia por parte de familiares de las víctimas, y al contrario, sus omisiones provocaron indignación mundial cuando el hoy senador del PRI, Patricio Martínez, era gobernador de Chihuahua.
Y es que tanto los ex gobernadores José Reyes Baeza y César Duarte pudieron aplicar las sanciones que exigió la CIDH, como los son el tomar medidas en contra de los servidores públicos, muchos de los cuales ya no se encuentran al servicio del Estado, sin embargo, en esta ocasión tocará el turno al gobernador Javier Corral, quien se ha dicho estar comprometido con la causa de las víctimas de feminicidios y desaparecidos, aunque a decir de los malosos, el tiempo apremia y poco se ha hecho para cumplir con la resolución del máximo órgano internacional en defensa de los derechos humanos, a pesar de que apenas el año pasado se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la que uno de sus integrantes, Javier “El Pato” Ávila, es el “cura impugnado” por los defensores del laicismo.
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AUNQUE EL GOBERNADOR Javier Corral afirmara en su momento que el “Encuentro Chihuahua”, ese que reunió a políticos del PAN, PRD e intelectuales, colocaba a la entidad como punta de lanza a nivel nacional, los malosos aseguran que ha sido lo contrario en lo que respecta a la relación del Estado con la Federación, pues desde que ocurrió la reunión que funcionó para darle luz verde al Frente Amplio, que por cierto ayer fue registrado ante el INE por los líderes del panismo, del Sol Azteca y de Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente, el distanciamiento entre los Poderes Ejecutivos estatal y federal se ha ido agudizando, a tal grado que no sorprenda que las partidas presupuestales provenientes del centro del país sean menos que las del año pasado.
Los que más saben explican que para nada gustó al gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, que acá en el estado grande se haya pactado una posible candidatura de Ricardo Anaya por los colores azul, amarillo y naranja, a cambio de que el PAN y sus aliados, lucharan a capa y espada contra el pase automático del titular de la PGR, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General por un lapso de nueve años, ya que según los malosos de las alturas, el canje sería Anaya como candidato a la Presidencia de la República y la Fiscalía para la izquierda perredista y anaranjada. ¡Zas!
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ANTE EL ANUNCIO de parte de la Comisión Estatal de Seguridad que comanda Óscar Aparicio Avendaño de que ya no tarda la intervención del Estado en siete municipios más, entre los que destaca Namiquipa, los malosos nos comentaron que el jueves de la semana pasada, el gobernador Javier Corral mandó llamar al jefe policíaco a Palacio de Gobierno, en donde ambos platicaron largo y tendido, precisamente para aceitar las naves en lo que será esta nueva estrategia que pretende ir contra los líderes criminales que operan en la región noroeste del estado.
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REGRESANDO A TERRENOS grillos, la que llegó con todo a su puesto de coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local es Isela Torres, pues ayer la legisladora defendió a capa y espada a su colega y ex pastora del grupo parlamentario, Karina Velázquez, hoy presidenta del Poder Legislativo, además de que hoy, Isela ofrecerá una rueda de prensa para abordar varios temas de la agenda legislativa que el priismo trae entre manos, así como la postura en torno a varios asuntos, tales como el refinanciamiento de la deuda y diversas posturas de la familia revolucionaria en el Congreso.
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EL QUE OBTUVO una victoria parcial en su afán de acomodar a sus camaradas en la Secretaría de Administración del Poder Legislativo, es el diputado del PAN, Javier Malaxecheverría, pues ayer sus colegas azules que pertenecen a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Laura Marín, Miguel La Torre y Citlálic Portillo, le aprobaron el dictamen que busca desprofesionalizar dicho puesto que hoy ocupa la ex diputada Daniela Álvarez, es decir, quienes pretendan dicho espacio ya no deberán tener licenciatura, sino pura experiencia, no vaya a ser que algún amigo que no es Lic pretenda participar en el proceso.
Source: Columna