A través de una carta dirigida al Gobernador César Duarte, el sacerdote y activista Javier Ávila, se deslindó de injerencia en activismo en la Sierra Tarahumara, luego que se suspendieron los proyectos del Aeropuerto de Creel y del Gasoducto el Encino-Topolobampo y pide al mandatario aclare denuncia penal en la que se le relaciona junto al Senador del PAN, Javier Corral.
“En algunas ocasiones, los medios masivos de comunicación parecen ser más efectivos que la correspondencia privada, sobre todo cuando ésta se queda sin respuesta, como ha sido el caso de las misivas que me he permitido enviarle con anterioridad y que tal vez no han llegado a sus manos”, inicia la mísiva dada a conocer de manera pública en los medios de comunicación que remite el Sacerdote Javier Ávila.
En ella alude a supuestas imputaciones que se le han adjudicado sobre dos obras que han generado tantos conflictos a diversas comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara: las construcciones del aeropuerto en Creel y el gasoducto El Encino-Topolobampo, “Es claro, pues, que en ninguno de los proyectos mencionados un servidor tuvo la mínima injerencia”, expone al señalar:
Vale la pena recordar que al menos en dos ocasiones usted y un servidor nos encontramos y en ambas reuniones solicitó mi intervención para destrabar dichos proyectos. Me permití mencionarle que el primer proyecto (el aeropuerto) fue suspendido por orden de un juez. Esta orden no puede ser destrabada más que por el mismo juez cuando se reúnan los requisitos adecuados. El proyecto del gasoducto fue suspendido por acuerdo de las autoridades estatales correspondientes luego de reconocer que no se había aplicado la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades del Estado de Chihuahua y los Tratados Internacionales que obligan a consultar a los pueblos indígenas en estos casos.
Indicó que en algunas notas de prensa se le señala de denuncia penal junto con otros dos sacerdotes de tarahumara, de 4 organizaciones de la sociedad civil y del senador Javier Corral y del Sr. Jaime García Chávez, por lo que pide al Gobernador aclare a la opinión pública su situación y retoma tras esta petición casos como “masacre en Creel en agosto del 2008, múltiples muertes, desapariciones, inseguridad, delincuencia, falta de credibilidad y más dolores que no desaparecen de nuestro estado, particularmente de esta Sierra Tarahumara” y recalca “realidades que no se pueden seguir maquillando”.