Noticias de Chihuahua.-
Del 19 al 30 de noviembre del presente año se realizará el periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dentro de los casos que se pretende deliberar para aplicar una sentencia se encuentra el de la desaparición de la familia Alvarado Espinoza a manos del Ejército Mexicano en el Ejido Benito Juárez del estado de Chihuahua.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes en el Ejido Benito Juárez desde el 29 de diciembre de 2009, en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua implementado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en el cual el Ejército realizaba labores de seguridad y desempeñaba tareas fuera de sus funciones tradicionales en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
La denuncia que se interpuso ante la Corte detalla que las personas desaparecidas habrían sido privadas d la libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes que identificaron como de militares y en cuanto a la participación directa de agentes estatales, se alegó que existe una serie de elementos contextuales, así como diversas declaraciones y consideraciones de autoridades internas y expertos internacionales sobre la existencia de indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército en dichos casos.
Durante la audiencia del pasado 27 de abril, la Corte Interamericana cuestionó la versión oficial del Estado Mexicano con la cual intentan negar la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado.
Este cuestionamiento se realizó al finalizar la audiencia para tratar el primer caso de desaparición forzada a cargo del Ejército Mexicano en el país y también se solicitó una revisión a la Ley de Seguridad Interior, misma que ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la preocupación de la militarización en México, pero quedando pendiente la estrategia de seguridad propuesta por Andrés Manuel López Obrador al proponer un híbrido entre militares y policías civiles para crear la Guardia Nacional.
En la audiencia mencionada, el Estado mexicano insistió en negar que miembros del Ejército Mexicano participaron en la desaparición de los tres integrantes de la familia Alvarado, pues aseguran que fueron miembros del crimen organizado los cuales desaparecieron a la familia el 29 de diciembre del 2009 en el ejido mencionado, los cuales continúan en estas condiciones a nueve años de haberse registrado el caso.
Este caso se tomó por la Corte debido a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pues México incumplió las recomendaciones que se emitieron por este caso, incluyendo disponer de medidas frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales que contribuyeron a la impunidad de las desapariciones de personas en el caso Alvarado Espinoza.
La primer declarante en esta audiencia fue la hermana de Nitza Paola Alvarado, María de Jesús Alvarado Espinoza, quien relató los hechos ocurridos el pasado 29 de diciembre del 2009 cuando sus familiares fueron detenidos por el Ejército Mexicano en el ejido, luego de ser bajados de su camioneta, la cual fue asegurada y llevada, junto con los detenidos, al batallón militar en Nuevo Casas Grandes.
La primera denuncia fue presentada ante el Ministerio Público en Buenaventura, la cual quedó asentada por el encargado Aaron Enriquez Duarte, quien señaló en este momento que giraría un oficio al Batallón para que pusieron a disposición a los detenidos y la camioneta asegurada; posteriormente el 6 de enero del 2010 se interpuso una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez, siendo recibidos por Durazo Hoyos.
En el transcurso de estas denuncias, María de Jesús Alvarado, tuvo conocimiento del nombre del coronel que ordenó el operativo que terminó con la detención de sus familiares y el cual fue identificado como Alfredo Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería, quien durante una reunión con los familiares y autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó tener presencia en el ejido y realizar operativos en el mismo.
Esta reunión se realizó el 8 de enero del 2010 en la cual participaron Carlos Sergio López Ruvalcaba, de la Sedena; Felipe Jesús Espitia, coordinador del Operativo Chihuahua; y Alfredo Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería; estos dos últimos intentaron negar la participación del Ejército Mexicano en la desaparición, señalando al crimen organizado de su probable responsabilidad y mostrando fotografías de delincuentes vestidos de militares realizando las detenciones.
María de Jesús les rechazó esta versión y señaló que el operativo lo había realizado personal del Ejército que se hospedaba en un hotel llamado “Los Arcos” que anteriormente pertenecía al crimen organizado y refirió que la población estaba consciente de que realizaban operativos por todo el poblado, reiterando a López Ruvalcaba que fueron miembros del 35 Batallón de Infantería quienes participaron en esta desaparición.
La familia de los desaparecidos tuvo que huir del ejido luego de ser amenazados y hostigados por las denuncias que estaban realizando, viajando en primer lugar a Cuernavaca, posteriormente a Hermosillo y regresando a Chihuahua, en donde pidieron en 2013 asilo político a Estados Unidos.
Source: Local