Noticias de Chihuahua.-
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Rosa Isela Gaytán Díaz, presentará hoy al Pleno del Congreso, reformas a la Ley de Agua del Estado de Chihuahua para garantizar que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica sean públicos y sin fines de lucro.
Informó que no se descarta promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un juicio de controversia constitucional contra el endeudamiento que aprobó la anterior legislatura para la JMAS, por 930 millones de pesos.
Lo anterior, señaló, viola el artículo 5º de la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihuahua, en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los artículos 3º y 6º de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y el artículo 4º de la Constitución Federal.
Gaytán Díaz expuso que, en distintos precedentes que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que no se pueden aprobar decretos con la base de “urgencia”, como el LXV/AUPIP/0881/2017XVIII que votó a favor la pasada legislatura, en el cual se autorizó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, celebrar contrato de inversión privada con un monto de 930 millones de pesos a largo plazo, que representa una evidente carga financiera al organismo descentralizado.
La Legisladora mencionó que al presentarse la iniciativa de dicho decreto el 21 de agosto del 2018, para aprobarse el 30 del mismo mes, no permitió que los anteriores diputados realizaran el análisis correspondiente para determinar si era un proyecto factible que beneficiaría a la sociedad chihuahuense.
Sin embargo, al ser el agua un recurso vital, el Estado no debe sólo garantizar su acceso, sino velar por su buena administración y generar mecanismos que permitan mantener organismos sanos financieramente y no favorecer intereses particulares.
Por lo anterior, cualquier método de concesión o proyectos en donde participen particulares, representaría de alguna manera la privatización del vital líquido, el cual es de todos los ciudadanos.
En el Pleno del Congreso, la Coordinadora parlamentaria propondrá hoy reformar y adicionar párrafos en la Ley de Agua del Estado de Chihuahua para que los servicios de agua potable y saneamiento, sean únicamente con recursos públicos y evitar la participación de empresas privados, que en algún futuro represente la privatización de vital líquido.
Se trata de reformar el párrafo tercero del artículo 1º y se adicionará a la fracción V del artículo 6º un segundo párrafo, ambos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua quedando de la siguiente manera:
Artículo 1º en su párrafo 3º: “La presente Ley reconoce el derecho a toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho.”
Y el párrafo segundo de la fracción V del artículo 6º: “El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta.
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