Noticias de Chihuahua.-
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto mediante el cual se autorizó al poder ejecutivo realizar los actos necesarios para formalizar la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública del estado.
En la acción de inconstitucionalidad 31/2019, los diputados de Morena y del PRI que promovieron la impugnación señalaron que el decreto es inconstitucional porque carece del análisis financiero de la capacidad del estado, el destino que se daría a los recursos obtenidos por el refinanciamiento y la garantía o fuente de pago que exige el Artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán consideró que los argumentos de los legisladores fueron infundados pues partieron de la premisa equivocada de que el decreto tiene por objeto contratar una nueva deuda pública, cuando lo que autorizó fue la reestructura y/o refinanciamiento de la ya existente.
En este sentido, Pérez Dayán refirió que, al no ser deuda, no es aplicable el artículo citado por los accionantes, el cual sólo alude a la contratación de nuevos pasivos.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, emitió un voto en contra al considerar que, de inicio, existieron violaciones al proceso legislativo que invalida el decreto correspondiente.
A su vez, el ministro Eduardo Medina Mora votó a favor del proyecto al reparar que, durante el proceso legislativo, los parlamentarios hicieron propio el análisis de los indicadores financieros por lo que sí contaban con los elementos necesarios para discutir este decreto de manera informada.
La ministra Ana Lucía Piña Hernández se apartó del proyecto pues a su consideración los refinanciamientos y reestructuras sí deben considerarse como deuda pública pues aunque no implican forzosamente la contratación de más pasivos, sí se puede recurrir a créditos nuevos a fin de liquidar, amortizar o renegociar los financiamientos adquiridos previamente.
Tras las exposiciones, el pleno desechó la acción de inconstitucionalidad con ocho votos a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, por lo que el gobierno estatal podrá continuar con las acciones encaminadas a reestructurar la deuda.
Source: Local