El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto rechaza que la violencia, acoso y asesinatos de periodistas tengan un móvil político, y defiende la Ley de Seguridad Interior promulgada el año pasado.
“Si bien se reconoce que existen desafíos muy importantes en materia de violencia, muy respetuosamente no se considera que necesariamente la violencia contra el gremio periodístico tenga un propósito político”, afirma en un documento que presentará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en respuesta al informe de los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.
Ambos relatores visitaron México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 y elaboraron un informe que harán público el próximo martes 19. Sin embargo, el gobierno de México se adelantó y filtró su respuesta antes de que el informe de la ONU/CIDH se dé a conocer.
El documento del gobierno de México –que será presentado en el Consejo de Derechos Humanos el lunes 18– ofrece respuesta a 31 recomendaciones específicas, orientadas a fortalecer las acciones del Estado en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Sostiene que los factores y motivos detrás de las acciones violentas contra reporteros “pueden ser y son diversos”.
“Por supuesto, el gobierno es consciente de la gravedad que los ataques contra periodistas representan para el gremio, y de ahí que esté implementando y fortaleciendo las acciones tendientes a proteger la integridad y la vida de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se reconoce, por supuesto, el valor de su papel para la vida democrática del país, y se rechaza categóricamente cualquier acto que atente en contra de sus derechos humanos y libertades”, puntualiza el texto que el gobierno de Enrique peña Nieto enviará a la ONU.
Al respecto, los relatores subrayaron en su informe que “el crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios, como escuchamos de docenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Además del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan cooptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos.
“El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales”, recalcaron los expertos.
En su respuesta, el gobierno mexicano no profundiza en las razones y propósitos por los cuales los periodistas han sido asesinados, desestimando la importancia de este tema y limitándose a negar móviles de tipo político.
Por otra parte, según lo observado por los relatores, el gobierno no ha podido asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política sobre los mecanismos de protección para periodistas.
Fuente: Proceso
Source: Mexico