No sé si se percató en general el respetable público o solo es el punto de vista de las Lenguas Viperinas. La semana pasada hubo un brinco, una escalada, hacia una nueva forma de comunicarse entre el régimen y la oposición.
Atrás quedó el tiempo de los mensajes cifrados y las advertencias diplomáticas. Los actores principales se están hablando de frente, agarran y encarcelan a los contrarios, exhiben expedientes, lanzan acusaciones y miden fuerzas sin el menor intento por disimular el tamaño del conflicto.
Esto llevo, por ejemplo, a que la gobernadora Maru Campos mostrara los dientes.
Desde Chihuahua reviró la “traición a la patria” que por semanas le endilgaron, mientras que el gobierno federal aterciopela el hecho de que Marina del Pilar haya ofrecido información de las mesas de seguridad.
Poco más o menos quiso decir: “Ves la astilla en el ojo ajeno y jamás observas la viga que cargas en el propio.”
Que nadie se equivoque, los verdaderos traidores a México son los que pactaron con el crimen, dijo apuntando a los casos más recientes de Sinaloa y Baja California.
Y es que Marina del Pilar, varias veces y de mutuo propio, terminó por reconocer la autenticidad de las conversaciones en audio que desde hace semanas circulaban en distintos espacios digitales.
Y aquí, si procede esa contundencia jurídica que conocemos de sobra: Confesión de parte… Relevo de pruebas.
Y de Sinaloa, ¿Qué se puede decir? Primero que asome la cabeza Rubén Rochá o ¿Será que la Presidente Sheinbaum ya lo negoció con Trump, ayer en la final del Mundial?
Mientras la confrontación crece desde el norte del país, hay que anotar que el gobierno federal respondió abriendo otro frente.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, ejecutó el primer golpe de gran impacto contra un personaje, o personajazo, de la oposición. Detuvieron nada más y nada menos que a Ernesto Ruffo Appel.
Habrá que conocer la lista de los 24 primeros indiciados que obtuvieron por obsequió de una juez del acordeón sus respectivas ordenes de aprehensión.
El mensaje resulta evidente: la Fiscalía está dispuesta a utilizar todo el peso institucional en respaldo de la 4T.
Más allá de la responsabilidad penal que cada caso pueda acreditar ante los tribunales, el momento político resulta imposible de ignorar.
La percepción pública comienza a construir una narrativa donde la justicia aparece sincronizada con los tiempos políticos.
México conoce perfectamente esta historia.
Durante décadas los grandes acuerdos cupulares produjeron amplias zonas de inmunidad. Personajes señalados por actos de corrupción, vínculos criminales o abuso de poder atravesaban administraciones completas sin enfrentar consecuencias.
Mientras existía utilidad política, existía protección.
La gran pregunta consiste en saber si realmente estamos frente a una etapa donde la ley alcanzará a todos por igual o únicamente presenciaremos una nueva redistribución de impunidades.
Hasta mañana.
