El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma político-electoral que fortalece el principio de no reelección para quienes integran los ayuntamientos, además de establecer nuevos criterios para la integración de los cabildos y armonizar la legislación estatal con las recientes disposiciones constitucionales federales.
Dentro de las modificaciones avaladas por la mayoría del Pleno, se establece que las personas integrantes de los ayuntamientos no podrán ser reelectas para ocupar el mismo cargo por un periodo adicional. La disposición será aplicable a partir de los procesos electorales locales de 2030, por lo que quienes se encuentren ejerciendo un cargo municipal en ese año no podrán postularse para una reelección inmediata. Asimismo, se precisa que las personas suplentes podrán contender como propietarias siempre que no hayan ejercido el cargo, mientras que las propietarias no podrán buscar el periodo inmediato como suplentes.
La reforma también reafirma que los gobiernos municipales serán electos mediante voto popular y directo bajo el principio de mayoría relativa y estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y el número de regidurías que determine la ley, además de las regidurías asignadas por representación proporcional. Estas últimas serán definidas con base en el índice demográfico y las condiciones socioeconómicas de cada municipio, garantizando que las regidurías de mayoría y las de representación proporcional tengan la misma categoría, así como iguales derechos y obligaciones.
Durante la misma sesión extraordinaria, las y los legisladores no alcanzaron la mayoría requerida para aprobar la propuesta de reforma que planteaba declarar la nulidad de una elección cuando se acreditara la injerencia de grupos de delincuencia organizada en el proceso electoral. Al no reunir los votos necesarios, el dictamen fue devuelto a la comisión correspondiente para un nuevo análisis y eventual revisión.
Como parte de los cambios aprobados, el Congreso incorporó disposiciones para fortalecer la representación democrática y los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, además de ordenar al Instituto Estatal Electoral implementar las acciones necesarias para organizar la elección de regidurías indígenas por Sistema Normativo Interno y adecuar su plataforma digital de registro de candidaturas antes del inicio del proceso electoral ordinario 2026-2027.
