Cada gobierno autoritario tiene la necesidad de controlar el flujo de la información y el espectro social que deriva de ello. Dominando la información pública fortalece su narrativa y la posibilidad de perpetuarse en el poder.
Por eso, cada vez que el Estado anuncia reglas para regular medios de comunicación, la sociedad tiene la obligación de observar con lupa los alcances de esas disposiciones. Lo que hoy ocurre en México con el anuncio de una consulta de los lineamientos de los derechos de las audiencias no es cosa menor.
La explicación oficial en voz de Luisa María Alcalde durante su Derecho de Réplica, sostuvo que la finalidad es precisar los conceptos establecidos en la ley para evitar subjetividades y discrecionalidad en su interpretación.
Los lineamientos serán de cumplimiento obligatorio para concesionarios de radio y televisión abierta, televisión y audio de paga, así como para las empresas programadoras de uso comercial y público.
Deberán -en principio- contar con un Código de Ética, designar una persona defensora de las audiencias y establecer mecanismos para atender las quejas del público.
En el papel, la intención parece razonable. Los derechos de las audiencias existen desde la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013, aunque pasaron por un periodo derogatorio, y se retomaron hace unos 8 años.
Forman parte del marco regulatorio de las concesiones de radio y televisión. Nadie discute que los concesionarios tienen obligaciones frente al Estado, pues utilizan un bien público como es el espectro radioeléctrico. El problema comienza cuando la regulación incorpora conceptos tan amplios que dejan espacio para interpretaciones políticas.
¿Qué constituye información “objetiva”? ¿Qué significa presentar una noticia con “equilibrio”? ¿Dónde termina el estilo periodístico y dónde comienza una presunta violación a los derechos de las audiencias?
Lo que sucedió en el pasado, es que las audiencias de manera natural daban prioridad a los medios que tenían un manejo profesional y objetivo, pero esta madurez parece no ser suficiente para el gobierno en turno. Hay que ayudarle a la audiencia, porque no tiene la capacidad de discernir la calidad de los contenidos que le arrojan los medios.
En contraparte, el periodismo selecciona, jerarquiza y contextualiza hechos. Una redacción firme, un encabezado contundente o una investigación incómoda podrían convertirse, bajo criterios ambiguos, en motivo de procedimientos administrativos.
Resulta imposible ignorar, que existe un enfrentamiento permanente entre el Gobierno Federal y Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, que ha elevado la tensión entre el poder y algunos medios de comunicación.
Tampoco es casual que el empresario sea mencionado con frecuencia como un posible aspirante presidencial rumbo a 2030. Es difícil evitar la suspicacia cuando las diferencias políticas coinciden con nuevas facultades regulatorias.
La autoridad ha anunciado que estos lineamientos serán sometidos a consulta. Sin embargo, la percepción entre muchos sectores es que la decisión ya está tomada. Con una mayoría legislativa suficiente para aprobar prácticamente cualquier reforma, el margen para modificar el fondo de estas disposiciones parece reducido. El viejo dicho popular vuelve a cobrar sentido: palo dado, ni Dios lo quita.
Por ahora, estos lineamientos están dirigidos a la radio y la televisión, medios que operan mediante concesiones públicas. Sin embargo, prácticamente todas esas empresas tienen presencia digital, producen contenidos para internet y participan en plataformas de video y redes sociales. La pregunta inevitable es si este será apenas el primer paso hacia una regulación más amplia del ecosistema informativo.
Defender los derechos de las audiencias es una causa legítima. Defender la libertad de informar también lo es. Pero aquí una duda final: Y a La Mañanera ¿Quién la regulará?
Hasta mañana.
