Lenguas viperinas
Hay nombramientos dentro del servicio público cuyo espíritu original parece haberse desvirtuado con el paso del tiempo. Por ejemplo se tiene bien perdida la responsabilidad que tienen los coordinadores de Comunicación Social, también llamados malamente jefes de prensa o voceros.
Sobra decir que cada uno de estos encargos es diferente, pero para fines prácticos habremos de referirnos así, como los conocemos quienes nos movemos en el ámbito de los medios de comunicación.
En teoría —y en una democracia funcional— su papel es tender puentes entre las instituciones públicas y los representantes de los medios; facilitar el flujo de información y garantizar que la sociedad esté enterada de lo que hacen sus autoridades.
Son, o deberían ser, piezas clave para el equilibrio informativo.
En la práctica, sin embargo, algunos han decidido reinventar lo que significa su labor dentro de las instituciones, pero lo hacen tan mal que solo los sostienen compromisos publicitarios, que son como un acicate que obliga sonrisas y ayuda a las coberturas.
Ya habíamos mencionado que en nuestro querido Juárez abundan los casos donde estos funcionarios se asumen como filtros, como aduanas, e incluso como jueces del ejercicio periodístico.
Se toman el atrevimiento de pensar que pueden decidir quién “merece” información y quién no; quién es atendido y quién es ignorado. En ese juego peligroso, dejan de ser facilitadores y se convierten en un lastre para ambos lados de la ecuación.
El caso que nos ocupa en esta ocasión es el de la coordinación de Comunicación Social del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, donde se ha instalado una dinámica que dista mucho de un ideal institucional que beneficie las aspiraciones del expanista y hoy valuarte de la 4T.
Y es que el titular, Carlitos Najera, lejos de construir una relación abierta con los medios, lo que hace es un control del acceso a la información. Reporteros relegados, agendas cerradas, y una visión reducida de lo que significa la prensa en una sociedad democrática.
Porque conviene recordarlo: los funcionarios públicos son empleados del pueblo y más el área de la comunicación, al menos en el doble de esta responsabilidad. Además de que su salario proviene de los ciudadanos, su trabajo esta orientado a servir al interés público, que haya todos los canales posibles para hacer fluir la información que le interesa a la institución y, además, la que los ciudadanos demandan directamente y a través de la denuncia pública a través de periódicos, programas radiofónicos y televisivos y medios digitales.
Su error de fondo -de este chavoruco- es creer que la comunicación institucional se limita a lo que pasa por una oficina.
El municipio, como fuente informativa, es mucho más amplio que cualquier escritorio: está en la calle, en la gente, en los problemas cotidianos que siguen exigiendo ser contados.
Y ahí es donde los medios seguirán haciendo su trabajo, con o sin intermediarios.
Porque al final del día, la relación entre prensa y poder no debería depender de filtros personales, sino de principios básicos: transparencia, acceso y respeto mutuo.
Queda la duda de si el alcalde está plenamente enterado de estas prácticas o si, simplemente, alguien en su equipo le está haciendo un flaco favor.
Hasta el lunes.
