Los amparos contra el registro de líneas celulares que promovieron distintas figuras políticas de Ciudad Juárez terminaron sirviendo para dos cosas, como coloquialmente se dice. El Gobierno Federal, sin ningún miramiento, cumplió este mes de agosto con el corte de cientos de miles de líneas telefónicas cuyos titulares se negaron, en principio, a dar sus datos.
Lo que sucedió fue hilarante para algunos; para otros, nomás comprensible. Los centros de atención a clientes de las telefónicas se saturaron y también el sistema digital, con miles y miles de usuarios que no aguantaron ni un día estar incomunicados, al menos en el sistema de llamadas.
Ya se había dicho que las líneas cortadas podían mantener distintos tipos de plataformas de comunicación digitales que son comunes en cualquier aparato celular de nueva generación, pero en los hechos la inhabilitación de la línea ocasionó desesperación y muchos doblaron las manos y quebraron su negativa de vincular sus líneas con su información, lo que, según el Gobierno de la 4T, tiene como único objetivo la seguridad.
El calendario ya está en marcha y no se detendrá. Las líneas terminadas en 0 y 1 tuvieron como fechas límite el 15 y 31 de agosto, respectivamente. En este bloque fue donde la guadaña llegó a mitad de mes y se encuentra a nada de volver a rasurar en tres días.
Luego, para las terminaciones 2 y 3, el plazo llega el 15 y 30 de septiembre; las 4 y 5, hasta el 15 y 31 de octubre; las 6 y 7, el 15 y 30 de noviembre, y las 8 y 9, hasta el 15 y 31 de diciembre.
Pero aquí viene la novedad: mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones avanza con el programa para identificar a los usuarios de telefonía celular, en distintos puntos ya comenzó a moverse un mercado de chips que se ofrecen como líneas previamente registradas, con precios que rondan los 150 pesos.
La idea resulta sencilla: comprar el chip que ya fue dado de alta con otros datos, colocarlo en el teléfono y evitar entregar la información personal que exige el nuevo esquema.
Claro que esto supone que el usuario no podrá conservar su número personal, lo que en principio a muchos no les gustará.
Ya desde antes, quienes conservan su visa (No llores, Andy) están recurriendo a adquirir líneas estadounidenses. Compran su chip del otro lado del río, lo colocan en su teléfono y, por estrecha relación que existe con el vecino del norte, la señal funciona perfectamente en territorio juarense.
A ver cómo reacciona ante esto el Gobierno Federal, que busca tener plenamente identificados a los usuarios de telefonía celular, pero, por alguna razón —ya sabemos cuál—, el ciudadano común desconfía de las políticas públicas que invaden su propiedad y se apoderan de su información personal.
Luego de casos como el de la gobernadora Marina del Pilar, cuyas conversaciones privadas con supuestos agentes norteamericanos a través de una telefónica salen a la luz, es cosa natural que haya desconfianza de qué se hará con la información. Porque este no es el único caso.
Por un lado, tenemos un Gobierno Federal que va teniendo sus primeros síntomas dictatoriales, cuando, con el pretexto de defender los derechos de las audiencias, intenta censurar a los medios de comunicación, empezando por los que utilizan concesiones del Estado, por considerar que son enemigos del régimen y mienten para generar desprestigio.
Hasta el lunes.
