La semana pasada, en Ciudad Juárez, colectivos que representan a personas transexuales denunciaron públicamente que algunos hombres estarían utilizando la legislación de identidad de género para registrarse legalmente como mujeres y, con ello, intentar obtener beneficios jurídicos.
No pusieron muchos ejemplos, pero entre ellos -según- buscan eludir obligaciones como el pago de pensiones alimenticias.
La denuncia resulta tan sorprendente como irónica: quienes promovieron estas reformas hoy advierten que existen personas aprovechándose precisamente de la ley que durante años defendieron.
La escena obliga a reflexionar sobre un problema mucho más profundo. Durante años se impulsó la idea de que bastaba la autopercepción para iniciar el procedimiento administrativo y modificar el sexo asentado en documentos oficiales.
Cualquier advertencia sobre las consecuencias jurídicas de ese criterio fue descalificada como intolerancia y discriminación, palabras cuyos colectivos daban un peso demoledor apoyados por un régimen adherido a esta tendencia internacional.
Y aquí vamos a subrayar algo que se dijo en su tiempo: Los dos están mal… O en que momento nos pareció normal que alguien legítimamente piense que es una mujer solo por sentirsey disfrazarse de una, aunque en realidad no lo sea y jamás lo será, mientras que por otro lado ahora se denuncia que existe quien siente que esta es una oportunidad de obtener las ventajas de una ley a modo que le genera ciertos privilegios.
El fondo del debate nunca ha sido el respeto hacia las personas. En una sociedad democrática, toda persona merece vivir con dignidad, sin violencia y sin discriminación, lo cual en realidad es una utopía, cuando la discriminación existe en todos lados.
O ¿Vamos a ignorar que no hay “selecciones” de todo tipo en muchos ámbitos deportivos y que hay requisitos que nos permiten vivir en una sociedad especializada en muchos ámbitos?
Se coincide en estas viperinas, que nadie debería ser agredido por su apariencia, por la forma en que decide vestir o por la manera en que conduce su vida. Pero llegamos al punto en que hemos tenido a hombres vestidos de mujer y acreditados como tales por las autoridades tundiendo en deportes femeninos a mujeres cis, así como les dicen ellos.
Es decir, una cosa es proteger derechos y otra muy distinta es modificar categorías jurídicas fundamentales sobre la base exclusiva de la autopercepción.
El Derecho existe para otorgar certeza jurídica. Esa certeza descansa en hechos objetivos y verificables.
Desde la perspectiva real, el sexo biológico constituye uno de esos hechos. La identidad personal pertenece al ámbito de la libertad individual; el Derecho, en cambio, regula relaciones entre personas, distribuye derechos, impone obligaciones y resuelve conflictos. Cuando ambas esferas se confunden, aparecen los problemas que hoy comienzan a salir a la luz.
Las reformas sobre identidad de género surgieron con un propósito legal sobre algo abstracto e imposible de verificar.
Y siendo generosos desde estas líneas pudiéramos encontrar un objetivo lejano pero legítimo desde la óptica de sus impulsores.
Lo cuestionable fue convertir la autopercepción en el gran criterio para modificar una condición jurídica con efectos frente a terceros, sin prever los incentivos para el abuso ni los conflictos que inevitablemente surgirían.
¿Qué sigue?
¿Crear un comité que decida quién sí puede cambiar legalmente de sexo y quién solamente intenta aprovecharse del sistema?
¿Un tribunal especializado que determine qué autopercepción resulta auténtica y cuál es simulada?
Si esa termina siendo la solución, el absurdo será todavía mayor. Después de sostener que bastaba la voluntad de una persona para modificar su identidad jurídica, ahora el propio Estado tendría que convertirse en árbitro de esa voluntad.
Es decir, la ley terminaría corrigiendo las consecuencias de sus propios excesos.
Hasta mañana.
