Han pasado seis años desde que desapareció el Fondo Minero, aquel mecanismo que, con todas sus deficiencias, permitía que una parte de la riqueza extraída del subsuelo regresara a los municipios alejados, donde esa actividad suele realizarse.
Con ese dinero se construyeron calles, escuelas, redes de agua potable, alumbrado y obras de infraestructura en decenas de comunidades que viven rodeadas de minas. Desde su eliminación, el discurso oficial prometió un modelo más justo y eficiente, cosa que jamás sucedió.
Cada vez que un funcionario cita el artículo 27 constitucional y recuerda que los recursos del subsuelo pertenecen a la Nación, la frase suena poderosa.
Pero basta recorrer los municipios mineros de Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango o Guerrero para preguntarse: ¿de cuál nación estamos hablando?
En todo México sabemos que la riqueza sale diariamente en oro, plata, cobre, zinc y hasta litio, cuyo destino son grandes corporativos de Canadá, Estados Unidos, China y otros países. De mutuo propio, la actividad genera caminos y telecomunicaciones, escuelas y clínicas que suelen ser de beneficio para los ciudadanos de la zona.
Pero algunos municipios recibían más del Fondo Minero que de participaciones estatales y federales, lo que hacía mayor la posibilidad de ejercer el recurso con enfoque municipalista en seguridad, salud e infraestructura.
La minería representa una de las actividades económicas más rentables del país. Las empresas generan empleos y pagan impuestos; sería absurdo desconocer su importancia para la economía nacional.
Sin embargo, también resulta imposible ignorar que las comunidades donde se realiza la extracción cargan con buena parte de los costos ambientales y sociales.
El agua destinada a los procesos industriales deja de estar disponible para agricultores y familias; los cerros cambian para siempre su geografía; los residuos permanecen durante décadas y la riqueza termina reflejada en balances financieros, mucho antes que en la calidad de vida de quienes habitan esas regiones.
Resulta paradójico que algunos de los municipios con mayor producción de metales preciosos también aparezcan entre los de mayores índices de rezago social. Esa contradicción debería incomodar a cualquier gobierno, sin importar su color. Porque la riqueza del subsuelo pierde sentido cuando en la superficie persisten la pobreza, la falta de servicios básicos y la incertidumbre.
La izquierda mexicana construyó durante años buena parte de su discurso denunciando el modelo extractivo y cuestionando los privilegios de las grandes corporaciones. Ya en el poder, mantuvo intacta la estructura de concesiones y eliminó el principal mecanismo mediante el cual una parte de esa riqueza regresaba a las comunidades. La crítica quedó archivada junto con el Fondo Minero.
Si los minerales pertenecen a la Nación, ¿por qué las comunidades donde se extraen siguen esperando que una pequeña parte de esa riqueza vuelva a casa? Mientras esa respuesta permanezca enterrada bajo toneladas de discursos, los verdaderos dueños del territorio seguirán viendo salir la riqueza por la puerta principal y quedarse únicamente con el polvo, el desgaste y las promesas incumplidas.
Hasta el lunes.
