En México, las enfermeras y los enfermeros del sector público ya pueden prescribir determinados medicamentos a los pacientes, una facultad que representa un cambio importante en sus responsabilidades profesionales, pero -paradójicamente- no sucede lo mismo con sus beneficios salariales.
La medida aplica en instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, principalmente en el primer nivel de atención, y exige que quienes la ejerzan cuenten con licenciatura y cédula profesional. Los pasantes también pueden hacerlo, pero bajo condiciones específicas y supervisión institucional.
La lista de medicamentos autorizados está limitada a tratamientos considerados esenciales para la atención primaria y el seguimiento de algunos padecimientos.
Ahí aparecen medicamentos tan conocidos como paracetamol e ibuprofeno, antihipertensivos como captopril y losartán, así como metformina e insulina para el control de la diabetes, además de algunos tratamientos gastrointestinales y antibióticos.
La prescripción puede realizarse de manera autónoma, cuando el personal de enfermería realiza la valoración correspondiente y determina el tratamiento dentro de sus facultades, o de manera colaborativa con un médico, siguiendo las guías y protocolos de la institución.
Además, los nuevos esquemas de Enfermería de Rol Ampliado y Enfermería de Práctica Avanzada plantean una evolución hacia perfiles con mayores capacidades clínicas y, particularmente en el segundo caso, con formación especializada y de posgrado.
Si lo vemos en positivo, el sistema de salud aprovecha mejor la preparación del personal de enfermería, puede acercar servicios a comunidades donde hacen falta médicos y permite atender con mayor rapidez algunos problemas de salud.
El pequeño detalle aparece cuando preguntamos cuánto va a ganar una enfermera o un enfermero por asumir esta nueva responsabilidad.
La respuesta es que no existe un aumento salarial ni un bono específico por el hecho de prescribir medicamentos.
Los trabajadores pueden recibir incrementos generales derivados de negociaciones sindicales, cambios de categoría o de los esquemas salariales correspondientes, pero la nueva facultad de extender recetas, por sí misma, no representa un ingreso adicional.
Porque esta nueva facultad coloca al personal de enfermería frente a una responsabilidad legal mucho mayor. Un error en la dosificación, una interacción entre medicamentos o una valoración equivocada puede tener consecuencias jurídicas para quien expide la receta.
A esto se suma la preocupación por la cobertura de responsabilidad civil, pues muchos profesionales de enfermería carecen de una protección específica frente a posibles litigios o indemnizaciones. En los casos más graves, una actuación profesional considerada incorrecta incluso puede poner en riesgo su cédula profesional.
La responsabilidad también llega acompañada de una mayor carga de trabajo. Si a las tareas habituales se agregan la valoración clínica, la decisión terapéutica y la elaboración de recetas, pero se mantienen los mismos tiempos de atención y las metas de pacientes por turno, aumenta la posibilidad de cometer errores.
La presión institucional y el temor a enfrentar una demanda pueden convertirse además en una fuente adicional de desgaste para quienes ya trabajan bajo condiciones de alta exigencia.
El sistema tendría que resolver antes de dejar toda la responsabilidad sobre los hombros del trabajador temas como de capacitación continua en farmacología clínica, disponibilidad de los medicamentos autorizados y manuales de procedimiento que definan con claridad cuándo puede actuar enfermería y cuándo debe intervenir obligatoriamente un médico.
Si el sistema amplía las facultades, también debería garantizar las herramientas, la capacitación y la protección jurídica necesarias para ejercerlas con seguridad. De lo contrario, la reforma corre el riesgo de convertir una mayor responsabilidad profesional en una especie de zona gris donde el beneficio es para el sistema, pero el riesgo termina recayendo sobre quien está frente al paciente.
Hasta el lunes.
