A menos de una semana del informe de la Presidencia de la República es buen momento para hacer un alto en el camino y, sin filias ni fobias, analizar lo bueno, lo malo y lo peor de resultados en el Segundo Piso de la Transformación.
Comencemos por la política social, donde este gobierno presume más. Las pensiones para adultos mayores, los nuevos apoyos para mujeres, las becas y los diferentes programas de Bienestar han ampliado la presencia del Estado en millones de hogares.
Para una buena parte de la población, particularmente quienes reciben directamente estos apoyos, la política social representa un beneficio concreto y periódico. Y sería mezquino negar que ese es uno de los principales activos políticos de la llamada Cuarta Transformación.
También hay números que permiten al gobierno sacar pecho en materia laboral. El desempleo se mantiene en niveles bajos y los salarios han tenido una evolución favorable.
La inversión extranjera, por su parte, alcanzó cifras récord. México sigue siendo atractivo para empresas que buscan producir cerca del mercado estadounidense y el famoso nearshoring continúa representando una oportunidad enorme.
El detalle es que buena parte de esa inversión corresponde a empresas que ya están instaladas en México y reinvierten sus utilidades.
La llegada de nuevos capitales y nuevos proyectos todavía no está al ritmo que se necesitaría para hablar de una auténtica transformación industrial.
Por ello y otros temitas, México está creciendo poco y, aunque economía no está en una catástrofe, tampoco está avanzando a la velocidad que requiere un país con más de 130 millones de habitantes.
El empleo existe, sí, pero más de la mitad de los trabajadores permanece en la informalidad. Es decir, tenemos gente trabajando, pero millones todavía lo hacen sin seguridad social, sin prestaciones y con pocas posibilidades de construir una pensión digna. Tener una tasa de desempleo baja es una buena noticia; tener una informalidad tan elevada es una cuenta pendiente.
En infraestructura, el gobierno ha puesto sobre la mesa trenes de pasajeros, carreteras, hospitales, vivienda, proyectos hidráulicos y obras energéticas.
La apuesta es grande y, en muchos casos, necesaria. El problema es que mientras se construye, las finanzas públicas enfrentan una presión creciente. Programas sociales, pensiones, deuda, Pemex, seguridad, salud e infraestructura tienen que salir del mismo presupuesto.
Y el dinero, aunque algunos políticos parezcan creer lo contrario, no es infinito.
Ahí aparece uno de los principales focos amarillos para la segunda mitad del sexenio: la capacidad financiera del gobierno.
Mantener los programas sociales es políticamente muy atractivo, pero también representa un compromiso permanente. Construir infraestructura cuesta. Pagar pensiones cuesta. Atender la deuda cuesta. Rescatar a Pemex cuesta. Y todavía hay que financiar salud, seguridad, educación y todo lo demás.
Y hablando de salud, se pueden anunciar hospitales y unidades médicas, pero para el ciudadano común la evaluación también pasa por algo mucho más sencillo: ¿hay medicamentos?, ¿hay médicos?, ¿hay citas?,
La seguridad será, sin duda, otro de los grandes temas del informe. El gobierno puede presentar una reducción en los homicidios y avances derivados de la estrategia de inteligencia y coordinación.
Pero tampoco podemos olvidar que México sigue enfrentando desapariciones, extorsiones, delincuencia organizada y regiones donde los grupos criminales tienen una capacidad que todavía pone en jaque a las autoridades. Bajar homicidios es importante; recuperar plenamente la seguridad cotidiana es otra cosa.
Podríamos en resumidas cuentas decir que este segundo piso de la Cuarta Transformación llega con cuentas por pagar y promesas que cumplir. El país dio para pagar un sistema de cuotas y subvenciones, mantener crecimiento e infraestructura.
¿Aguantará más esta presión? Al tiempo.
Hasta mañana.
