Las leyes de la naturaleza son principios observables que describen el funcionamiento del universo a partir de la evidencia científica disponible. Su estudio ha sido una constante en la historia de la humanidad.
Ahora, entre los mecanismos biológicos fundamentales para la supervivencia, y que hoy relacionaremos con sucesos de la vida política de la 4ª Transformación, es el miedo, una respuesta evolutiva que permite identificar y reaccionar ante amenazas.
Y es que cuando un animal percibe un peligro inminente sólo tiene dos opciones, ante el encendido del botón del miedo: enfrentar la amenaza o huir para preservar la vida.
Para el ser humano es exactamente lo mismo.
Hablando de lo que ha sucedido en los últimos días, ¿que pasa cuando alguien que ha vivido rodeado de poder, influencias y protección decide cruzar la frontera para ponerse en manos de otro gobierno?
La respuesta es simple: Esa persona concluyó que quedarse representaba un riesgo mayor que escapar.
Literalmente, eso fue lo que hicieron Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del mismo estado.
Ambos se entregaron ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una de las instancias judiciales más temidas por políticos, empresarios y capos del crimen organizado. Su decisión significa que prefirieron la justicia estadounidense antes que permanecer bajo el amparo de quienes, hasta hace poco, eran sus compinches.
La entrega de estos dos exfuncionarios ha sacudido los cimientos del sistema de gobierno, porque no se trata de personajes secundarios.
Gerardo Mérida, general retirado, fue responsable de la seguridad pública en Sinaloa y, de acuerdo con versiones periodísticas, es investigado por presuntamente haber proporcionado información y protección a Los Chapitos sobre operativos militares.
Enrique Díaz, por su parte, manejó las finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya y es considerado una pieza clave para entender el flujo de recursos y las relaciones financieras del grupo en el poder.
Según el periodista Jorge Fernández Menéndez, estos dos expedientes podrían comprometer directamente al gobernador Rubén Rocha Moya; al senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; e incluso a personajes del primer círculo del obradorismo como Audomaro Martínez y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante meses, desde Palacio Nacional se ha exigido a críticos y opositores que presenten “pruebas, pruebas y más pruebas”.
Pero la pregunta es inevitable: ¿Y si las pruebas que tanto esperaban se movieran solitas ante las autoridades norteamericanas?
La historia mexicana demuestra que quienes conocen demasiados secretos suelen convertirse en un riesgo para sus propios aliados. Cuando el pacto de silencio se rompe, la prioridad deja de ser la lealtad y pasa a ser la supervivencia personal. Y si para mantenerse con vida es necesario convertirse en testigo colaborador, entonces la decisión resulta tan lógica como devastadora para quienes permanecen del otro lado.
Se dice que Gerardo Mérida se llevo su archivero. Que, como buen militar, guardó documentos, nombres, rutas, contactos y expedientes.
Esa “cajita de pruebas” que durante tanto tiempo se exigió desde el oficialismo podría estar ya en manos de fiscales estadounidenses. Si eso es cierto, el insomnio en más de una oficina gubernamental debe ser inevitable.
Hasta mañana
