La política en México manda mensajes disfrazados de expedientes, audiencias y resoluciones judiciales a modo. Se regalan ordenes de aprehensión express y vinculaciones a proceso, para que no queden dudas del largo brazo del régimen.
El caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto con seis personas más, encaja perfectamente en esa categoría. El mensaje claramente dice: Te lo encierro Ernesto, para que entiendas… Oposición.
El gobierno federal mantiene firme esta ruta que enloda uno de los símbolos históricos del panismo mexicano: el primer gobernador emanado de ese partido.
Por pudenda sea la parte se pasó la 4T llamados de dirigentes de oposición, expresiones de respaldo del recién creado partido Somos México y cuestionamientos sobre la forma en que surgieron las órdenes de aprehensión.
Primero fueron alrededor de 25 mandamientos judiciales; ahora la propia investigación deja entrever una estructura mucho más amplia, integrada por personas relacionadas con la presunta red conocida como huachicol.
Cada comunicado que sobre este caso emite la FGR agrega presión sobre personajes que durante décadas ocuparon posiciones de influencia en la política bajacaliforniana. El impacto rebasa las fronteras del estado porque Ruffo representa una pieza emblemática dentro de la historia electoral del país.
Que buena caja china encontró Palacio Nacional para lavarse la cara con la suciedad de enfrente.
La paciencia presidencial llegó a un límite frente a varios frentes abiertos. Baja California y Sinaloa permanecen bajo una intensa presión política y judicial.
En el caso de Baja California, Marina del Pilar Ávila continúa al frente del gobierno estatal mientras parece superar por momentos todo el desgaste por la suspensión de su visa estadounidense y la de su exesposo.
En Sinaloa el panorama resulta todavía más delicado. Las solicitudes urgentes de captura y de extradición promovidas por Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros integrantes de ese grupo político los mantiene escondidos.
Se trata de procedimientos oficiales dados a conocer por conductos diplomáticos y consulares estadounidenses, lo que coloca el asunto en una dimensión internacional de enorme relevancia.
Las versiones de medios internacionales parecen sostener que dos o tres integrantes de esa lista ya se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos y buscan acceder a la figura de testigos protegidos.
Según, su colaboración incluiría declaraciones relacionadas con personajes vinculados a la Cuarta Transformación, integrantes del círculo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ese punto todavía espera una confirmación oficial, aunque su sola posibilidad explica la intensidad con la que se mueve este tablero político.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República difundió durante la madrugada el comunicado oficial sobre la vinculación a proceso. Y en la foto delicadamente cuidada con franjas negras en los ojos de las personas la FGR afirma categórica: “Se les presume inocentes y serán tratados como tal”.
Son inocentes pero están encerrados como culpables.
Ahí aparece el verdadero fondo del debate. La presunción de inocencia permanece escrita en la Constitución, mientras la prisión preventiva coloca a los imputados tras las rejas durante el desarrollo del juicio. La ley sostiene una cosa; los hechos muestran otra.
Hasta mañana.
