Con un total de 26,559 accidentes viales registrados en 2023, el estado de Chihuahua enfrenta una problemática creciente en materia de seguridad vial, particularmente relacionada con el consumo de alcohol, lo que derivó en una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por homicidio imprudencial.
De acuerdo con datos presentados ante el Congreso del Estado, la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en delitos vinculados a conductores en estado de ebriedad, una situación que ha encendido alertas entre autoridades y legisladores debido al impacto directo en la pérdida de vidas y lesiones.
Las cifras son contundentes: durante 2023 se contabilizaron 292 personas fallecidas en accidentes viales donde el responsable presentaba aliento alcohólico, así como 6,540 personas lesionadas por esta misma causa. Del total de víctimas mortales, 135 eran conductores, 56 pasajeros, 95 peatones y 5 ciclistas.
Además, organismos como la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) estiman que entre el 40% y 60% de los accidentes mortales están relacionados con el consumo de alcohol, mientras que a nivel nacional más del 30% de los percances viales tienen este mismo origen.
Ante este panorama, el Congreso del Estado aprobó reformas para aumentar las penas en casos de homicidio imprudencial cuando estén involucrados conductores bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. Las sanciones ahora contemplan penas de hasta 13 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso, el número de víctimas y las condiciones en que ocurra el accidente.
Entre las agravantes se incluyen conducir en estado de ebriedad, exceder los límites de velocidad por más de 30 kilómetros por hora, huir del lugar sin auxiliar a las víctimas, así como operar vehículos de transporte público o de carga bajo los efectos de sustancias.
La diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera señaló que estas modificaciones responden a la urgencia de frenar la incidencia de accidentes vinculados al alcohol, reforzando el marco legal para sancionar conductas que ponen en riesgo la vida de terceros.
Con estas reformas, el estado busca no solo castigar con mayor severidad, sino también generar un efecto disuasivo ante una problemática que, por su magnitud, se ha convertido en un tema prioritario de salud pública y seguridad.
