El director de Limpia del Municipio, Gibrán Solís, advirtió que los predios baldíos y las construcciones ruinosas que son utilizados como tiraderos clandestinos representan un grave riesgo para la salud pública, además de generar problemas ambientales y de seguridad en diversos sectores de Ciudad Juárez. Señaló que tanto los propietarios de estos inmuebles como las personas que sean sorprendidas arrojando residuos pueden ser sancionados conforme a la normativa vigente.
El funcionario recordó que el Reglamento de Desarrollo Urbano establece la obligación de los dueños de mantener sus terrenos y construcciones abandonadas debidamente cercados, limpios y libres de cualquier tipo de desecho. Explicó que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en procedimientos administrativos, multas e incluso en la intervención directa de las autoridades municipales para corregir las condiciones de riesgo.
Como ejemplo, Solís mencionó la reciente demolición de una finca ubicada en la zona de la calle Rejera Jorán, inmueble que fue considerado un peligro por las autoridades de Protección Civil debido a su avanzado deterioro. Tras emitirse el dictamen correspondiente, el Municipio procedió con la demolición y los costos generados serán cobrados al propietario del predio.
El director de Limpia destacó que actualmente el servicio de recolección de basura se encuentra regularizado en toda la ciudad con tres recorridos semanales, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar este servicio y evitar depositar residuos en terrenos abandonados. Asimismo, recordó que existen alternativas como los puntos limpios, destilichaderos, megadestilichaderos y la posibilidad de ingresar gratuitamente hasta 200 kilogramos de residuos al relleno sanitario.
Finalmente, alertó que la acumulación de basura, desechos orgánicos y escombros en predios abandonados favorece la proliferación de plagas como alacranes y otros animales nocivos, además de incrementar el riesgo de incendios, especialmente durante la temporada de lluvias. Indicó que las multas por estas conductas van de 20 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que para propietarios reincidentes o sujetos a procedimientos administrativos las sanciones pueden alcanzar hasta las 500 UMA, además de los costos derivados de las acciones correctivas realizadas por el Municipio.
