El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, advirtió sobre la urgencia de enfrentar al crimen organizado con una visión global y coordinación efectiva entre gobiernos, al retomar los planteamientos del fiscal italiano Giovanni Falcone sobre la naturaleza transnacional de estas estructuras delictivas. En su columna publicada en El Heraldo de Chihuahua, subrayó que estas redes no sólo trafican drogas, sino que también corrompen instituciones, explotan vacíos legales y operan con rapidez aprovechando la falta de coordinación.
Loya destacó que la cooperación internacional no debe interpretarse como una cesión de soberanía, sino como una herramienta indispensable para compartir inteligencia, exigir reciprocidad y cerrar el paso a organizaciones criminales que operan con alcance global. Señaló que el verdadero riesgo para el país radica en permitir que los grupos delictivos influyan en las decisiones públicas o determinen quién gobierna.
“El crimen organizado dejó de ser un problema local hace mucho tiempo”, enfatizó el funcionario, al advertir que en Chihuahua esta realidad se refleja en hechos concretos, como la localización y destrucción de laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara, los cuales forman parte de cadenas criminales que generan violencia y afectan directamente a las comunidades.
El funcionario también expresó preocupación por lo que consideró intentos de desviar el debate público, al señalar que algunas voces utilizan argumentos legales para encubrir posibles responsabilidades políticas frente a los avances en materia de seguridad. En ese sentido, hizo referencia a los recientes señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el crimen organizado, y sostuvo que la soberanía no debe convertirse en un pretexto para evadir investigaciones.
Finalmente, Loya planteó que el país enfrenta una disyuntiva clave: aplicar la ley sin distinciones o permitir que intereses políticos frenen la justicia. Recordó que el propio Falcone advirtió sobre los riesgos de la protección política al crimen, y llamó a mantener el compromiso ciudadano para construir un entorno de paz, donde prevalezcan el estado de derecho y la seguridad para las familias.
