El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su país dejó atrás la etapa de violencia extrema y ahora avanza hacia un nuevo modelo enfocado en fortalecer la ley y el orden. Durante un mensaje público, el mandatario afirmó que la estrategia de seguridad ya logró reducir drásticamente los homicidios y la presencia de pandillas, permitiendo que la población pueda caminar con tranquilidad a cualquier hora del día. Sin embargo, señaló que el siguiente reto será combatir delitos como la corrupción, las estafas, el contrabando y otros actos que afectan la convivencia social.
Bukele recordó que antes de su llegada al gobierno, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con jornadas de hasta 30 homicidios diarios y un fuerte control territorial de las pandillas. En aquel entonces, dijo, la ciudadanía repetía frases como “solo al que roba una gallina agarran”, haciendo referencia a la impunidad que existía frente a delitos graves y asesinatos. El mandatario contrastó ese panorama con la actualidad, asegurando que ahora incluso los robos menores generan rápidas movilizaciones policiacas y detenciones casi inmediatas.
El presidente salvadoreño destacó que su administración logró disminuir la violencia mediante operativos de seguridad, detenciones masivas y el fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares. Gracias a ello, afirmó, el país se convirtió en “el más seguro del hemisferio”. No obstante, insistió en que la seguridad no es suficiente si no existe respeto pleno a la ley, por lo que adelantó que su gobierno enfocará esfuerzos en erradicar también delitos económicos, corrupción y daños ambientales cometidos tanto por ciudadanos como por empresas.
Finalmente, Nayib Bukele sostuvo que la meta de su gobierno es convertir a El Salvador en uno de los países con mayor respeto a la ley y al orden en el mundo. Sus declaraciones han generado reacciones internacionales debido al impacto que ha tenido su estrategia de seguridad, la cual ha sido reconocida por algunos sectores, pero también cuestionada por organismos defensores de derechos humanos.
