La Unidad de Inteligencia Financiera informó este 20 de mayo de 2026 que obtuvo una nueva sentencia judicial a favor del Estado mexicano por más de 578 millones de dólares dentro del caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. El fallo fue emitido por un tribunal del estado de Florida, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, como parte de un procedimiento civil para recuperar recursos presuntamente desviados mediante contratos ilegales y esquemas de corrupción.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas a pagar 578.5 millones de dólares como reparación del daño ocasionado al Estado mexicano. Las autoridades señalaron que durante el proceso se acreditó la participación de personas físicas y morales en operaciones destinadas a obtener contratos públicos de manera indebida y posteriormente ocultar recursos mediante mecanismos financieros internacionales.
La investigación fue realizada a través de la UIF, organismo encargado de detectar operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares. Según el documento oficial, las autoridades mexicanas integraron pruebas financieras, declaraciones testimoniales y evidencia obtenida mediante cooperación jurídica internacional con autoridades estadounidenses. Todo esto permitió demostrar la existencia de un esquema de corrupción presuntamente ligado al círculo cercano de Genaro García Luna.
El gobierno mexicano explicó que esta nueva sentencia se suma a otras resoluciones obtenidas previamente en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, por montos superiores a 2 mil 448 millones de dólares. Con ello, el total recuperado o reclamado judicialmente supera ya los 3 mil 067 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los procesos de recuperación patrimonial más importantes impulsados por el Estado mexicano en los últimos años.
La Secretaría de Hacienda destacó que parte del acuerdo judicial incluye la entrega de activos localizados en distintas jurisdicciones internacionales para su liquidación y aplicación parcial al pago de las cantidades determinadas por la corte. Finalmente, la UIF reiteró su compromiso de combatir el lavado de dinero, recuperar recursos públicos y fortalecer la cooperación internacional para sancionar actos de corrupción vinculados con exfuncionarios mexicanos.
