Como aquellos Reyes Magos siguiendo una señal en medio del desierto, llamó la atención la frase que soltó el magistrado Alejandro Tavares Calderón, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa: “venían buscando oro y encontraron la Torre Centinela”. Y no fue cualquier comentario ni cualquier momento. Porque en tiempos donde cada palabra empieza a pesar rumbo al 2027, hay mensajes que terminan retratando realidades políticas completas.
La frase no cayó en vacío. Más bien terminó describiendo lo que hoy muchos sectores empresariales, sociales y políticos ya observan con claridad: que la seguridad pública se convirtió en el principal activo estratégico del gobierno estatal. Y eso, en Chihuahua, no es poca cosa. Durante décadas el estado vivió marcado por episodios de violencia, disputas criminales y una percepción permanente de incertidumbre. Por eso, cuando comienza a consolidarse un modelo distinto, las miradas inevitablemente cambian.
Mientras algunos siguen buscando discursos, otros están viendo infraestructura, operación y resultados. Porque la Torre Centinela dejó hace tiempo de ser únicamente un edificio monumental para convertirse en el símbolo visible de una estrategia estatal basada en inteligencia, videovigilancia, coordinación y reacción táctica. Y ahí está justamente la diferencia: no se trata solamente de concreto, sino de un ecosistema completo de seguridad que hoy opera con tecnología de punta y cobertura territorial sin precedente en Chihuahua.
Los números ayudan a entender la dimensión del proyecto. El estado trabaja actualmente con cerca de 100 arcos carreteros de vigilancia, alrededor de 10 mil cámaras conectadas, un Filtro Centinela y 11 subcentros regionales distribuidos estratégicamente en Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Madera, Guachochi, Ojinaga, Jiménez y Bocoyna. Es decir, no se trata de una apuesta aislada para una sola ciudad, sino de una red estatal diseñada para integrar inteligencia operativa en tiempo real.
Y el dato político más relevante es que el proyecto ya dejó la etapa discursiva para entrar plenamente en operación. El pasado 20 de abril comenzó formalmente la primera fase funcional de la Torre Centinela, cuando los primeros 200 colaboradores empezaron a instalarse dentro del complejo. Ese movimiento marcó mucho más que una mudanza administrativa; representó el arranque operativo de una estructura que durante años fue tema de polémica, especulación y debate político, pero que ahora empieza a mostrar su dimensión práctica.
En Ciudad Juárez, donde se encuentra la sede de la Torre Centinela, los cambios también comienzan a reflejarse en indicadores relevantes. La frontera logró salir de la lista de las 15 ciudades más violentas, un dato que difícilmente puede desligarse del fortalecimiento operativo, la presencia tecnológica y la coordinación institucional impulsada desde esta estrategia. Nadie asegura que los retos hayan terminado, porque Chihuahua sigue enfrentando desafíos importantes en materia de seguridad, pero también es evidente que existe una ruta estatal mucho más estructurada de lo que había en otros momentos.
Por eso la frase del magistrado terminó haciendo eco. Porque más allá de la metáfora, retrata algo que muchos ya alcanzan a distinguir: en Chihuahua la seguridad pública empieza a consolidarse como la gran carta política rumbo al futuro inmediato. Y en un contexto donde pocas obras públicas logran combinar presencia, operación, narrativa y resultados visibles, la Torre Centinela comienza a ocupar un lugar central en la conversación estatal.
No cualquiera puede presumir una infraestructura que se observa desde dos países y que, además, se convierte en referencia obligada dentro del debate nacional sobre modelos de seguridad. Y quizá por eso algunos todavía intentan minimizarla. Pero al final, como suele ocurrir en política, hay cosas que terminan siendo demasiado evidentes.
No ve el que no quiere ver.
