La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió el Comunicado No. 39 para informar sobre la inmovilización preventiva de cuentas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) en el estado de Sinaloa. El documento fue publicado este 18 de mayo de 2026 y explica que las medidas se tomaron luego de alertamientos generados por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado, los bancos mexicanos emitieron reportes de riesgo después de los señalamientos realizados públicamente por autoridades de Estados Unidos contra ciertos personajes vinculados políticamente en Sinaloa. Debido a las relaciones de corresponsalía que existen entre bancos mexicanos y estadounidenses, las instituciones financieras activaron protocolos internos de monitoreo y cumplimiento para detectar operaciones consideradas sensibles o inusuales.
La UIF explicó que estas acciones derivaron en la inclusión preventiva de personas dentro de la llamada Lista de Personas Bloqueadas (LPB), un mecanismo utilizado para congelar temporalmente movimientos financieros mientras se revisa información relevante. Según el documento, la finalidad principal es “proteger la integridad del sistema financiero nacional” y evitar posibles riesgos relacionados con operaciones ilícitas o lavado de dinero.
El comunicado también aclara que estas medidas no significan una declaración de culpabilidad ni representan una sentencia definitiva contra las personas involucradas. La UIF subrayó que se trata únicamente de acciones administrativas y preventivas, mientras continúan los análisis técnicos y financieros correspondientes. Además, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a defenderse legalmente mediante recursos administrativos y judiciales establecidos en la ley mexicana.
La Secretaría de Hacienda señaló que actualmente continúa revisando diversa documentación e información relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista, aplicando los mismos criterios técnicos y de análisis utilizados en cualquier otro reporte financiero dentro del país. Este comunicado surge en medio de la creciente tensión política y mediática relacionada con presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y organizaciones criminales investigadas por autoridades estadounidenses.
