La buena noticia para la corriente morenista en México es que la campaña de linchamiento político orquestada contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván sí rindió frutos.
Hoy, en prácticamente todo el país, ya se conoce el nombre de Maru Campos y se instaló en el debate nacional la narrativa de que existe una gobernadora que tiene relación con agencias y autoridades extranjeras en tareas de combate al crimen organizado.
Porque esa era la intención desde el principio. Desde Palacio Nacional se impulsó una narrativa permanente sobre una supuesta violación a la soberanía mexicana tras el desmantelamiento de un gran laboratorio de metanfetaminas en la zona de El Pinal, del Municipio de Morelos.
Ahí, se supo, colaboraron cuatro agentes de la CIA, dos de los cuales por cierto murieron al desbarrancarse cuando volvían por caminos sinuosos de la sierra de Chihuahua.
Un día sí y otro también, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó el tema a la mañanera, mientras operadores políticos, legisladores y estructuras afines al oficialismo hicieron lo suyo para amplificar el mensaje y movilizar simpatizantes para una “marcha por la soberanía”.
A Maru Campos se le acusó de colaboracionista, de servir a intereses extranjeros y hasta de traicionar a la patria.
Y aunque del lado del Gobierno del Estado hubo errores de comunicación y fallas evidentes en el manejo mediático de la crisis, el efecto terminó siendo completamente distinto al que la chairiza esperaba.
Porque en el ánimo nacional ya quedó sembrada una idea peligrosa para el oficialismo: Maru Campos podría convertirse en la carta más fuerte de la oposición rumbo al 2030.
Y la cereza del pastel en todo este entramado político llegó el viernes, cuando la Fiscalía General de la República extendió un citatorio dirigido a la gobernadora, en calidad de testigo, para declarar sobre estos hechos.
Aunque jurídicamente el llamado no la cataloga como imputada, políticamente el golpe trae veneno.
El simple hecho de que una gobernadora en funciones no pueda negarse a comparecer ante la FGR ya fue interpretado por varios como un agravio a la soberanía estatal, precisamente en medio de un ambiente nacional hiper sensible a las esferas de respeto institucional.
La gobernadora respondió con una frase que no pasó desapercibida: “hasta donde tope”.
Para estas viperinas la pregunta inevitable es: ¿hasta dónde puede topar esto?
En el mejor escenario para Maru Campos, el asunto termina sin consecuencias legales y fortaleciéndola políticamente como una figura perseguida por el oficialismo. Pero en el peor escenario, “hasta donde tope” significa enfrentar consecuencias penales, sanciones o incluso un intento de descarrilar definitivamente su futuro político.
Y mientras todo esto ocurre, el senador Ricardo Monreal hace patente el espíritu de todo este entramado: Anuncia que presentará una iniciativa de reforma constitucional para establecer que cualquier intervención o injerencia extranjera en procesos electorales pueda convertirse en causal de nulidad de una elección.
¿De verdad estamos frente a una reforma pensada en abstracto para proteger la soberanía nacional… o estamos viendo cómo se confecciona un traje constitucional a la medida?
¿Todo este clima político, mediático y jurídico podría estar encaminado a construir el marco perfecto para descarrilar, llegado el momento, una eventual candidatura presidencial de Maru Campos encabezando una alianza opositora en 2030?
La buena noticia para Morena es que lograron posicionar el tema en todo México y esa es la misma mala noticia para Morena.
Hasta mañana
