La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, advirtió sobre los riesgos de otorgar al INE facultades para evaluar la “integridad” de aspirantes a cargos públicos, en el marco de la discusión de la reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal.
Taddei explicó que la iniciativa plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada por cinco consejeros electorales, que funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar perfiles de aspirantes y detectar posibles riesgos.
La presidenta del Instituto señaló que el mecanismo contempla que partidos políticos y candidaturas independientes entreguen voluntariamente listas de aspirantes para ser analizadas por instancias de seguridad, las cuales emitirían dictámenes sobre la existencia o no de un “riesgo razonable”, información que posteriormente sería notificada a los actores políticos bajo criterios de confidencialidad.
Sin embargo, enfatizó que el INE “no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política”, ya que su función constitucional es organizar elecciones y garantizar principios de legalidad, certeza, transparencia y equidad, no investigar ni calificar antecedentes de candidaturas.
Taddei Zavala alertó que, de no delimitarse claramente las atribuciones en la reforma, el Instituto podría quedar en el centro de disputas políticas al asumir funciones que corresponden exclusivamente a autoridades ministeriales, judiciales o de seguridad pública. “Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, subrayó.
Finalmente, la titular del INE reiteró que el organismo acompañará el debate legislativo con información técnica y experiencia operativa, y aseguró que, en caso de aprobarse la reforma, el Instituto cumplirá con el mandato legal, aunque insistió en que el combate a la infiltración de intereses ilícitos en procesos electorales debe ser una responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano.
