El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció esta semana ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia que duró menos de 20 minutos, pero que dejó imágenes y declaraciones que han generado un fuerte impacto político en México. Mérida es el primero de los funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos en el llamado “Caso Rocha”, una investigación que también involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros exfuncionarios acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con periodistas presentes en la sala, el exfuncionario ingresó por la misma puerta utilizada por reporteros y asistentes al tribunal. Vestía el uniforme color caqui de los reclusorios estadounidenses y estaba esposado de pies, manos y cintura. Durante varios minutos permaneció acompañado por agentes federales y un traductor, mientras recibía indicaciones de su equipo de defensa. La escena llamó la atención porque mostró a quien fuera uno de los principales responsables de la seguridad en Sinaloa bajo un estricto esquema de custodia, similar al utilizado con acusados de alto perfil en Estados Unidos.
Pero el momento más relevante ocurrió cuando la jueza Katherine Polk Failla afirmó que la evidencia reunida por la Fiscalía estadounidense contra Mérida y otros acusados es “abundante”. La juzgadora explicó que el volumen de pruebas es tan amplio que otorgó un plazo de 60 días para procesarlas y ponerlas a disposición de la defensa. Además, realizó una declaración que ha generado numerosas interpretaciones al señalar que los acusados “están llegando en olas”, en referencia a que podrían comparecer más funcionarios relacionados con la investigación. La próxima audiencia fue fijada para el 4 de agosto.
¿Quién es Gerardo Mérida? Se trata de un general de División retirado del Ejército Mexicano que ocupó diversos cargos militares antes de convertirse en secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024. Estados Unidos lo acusa de haber colaborado con la facción de “Los Chapitos”, presuntamente recibiendo sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares a cambio de proporcionar información privilegiada sobre operativos de seguridad y brindar protección a las actividades del grupo criminal. También enfrenta cargos por conspiración para traficar drogas y posesión de armamento prohibido.
La cronología del caso comenzó el 29 de abril de 2026, cuando fiscales federales de Nueva York acusaron formalmente a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Posteriormente, el 11 de mayo, Mérida se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en la garita de Nogales, Arizona, donde quedó bajo custodia de los U.S. Marshals y fue trasladado a Nueva York. Aunque se declaró no culpable, el proceso apenas comienza y la posibilidad de que nuevos implicados comparezcan ante la justicia estadounidense mantiene la atención puesta sobre Sinaloa y sobre las figuras políticas mencionadas en la investigación.
