El gobierno de Estados Unidos amplió sus investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado y, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario Los Angeles Times, los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se encuentran bajo indagatorias por parte de autoridades estadounidenses. El medio señala que ambos mandatarios estatales habrían sido despojados de sus visas mientras avanzan las investigaciones, situación que ambos han rechazado públicamente.
La publicación sostiene que Washington ha modificado su estrategia en el combate al narcotráfico. Mientras durante años concentró sus esfuerzos en líderes de cárteles, ahora también estaría enfocando recursos en investigar a funcionarios públicos, políticos y autoridades que presuntamente habrían facilitado operaciones criminales. El reportaje ubica este cambio dentro de la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido las acciones contra organizaciones criminales latinoamericanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la publicación cuestionando el propósito de que Estados Unidos haga públicas este tipo de investigaciones y advirtió que podría tratarse de una forma de intervención en asuntos internos de México. Durante su conferencia matutina, sostuvo que corresponde a los propios gobernadores responder a las acusaciones y defendió la soberanía nacional frente a acciones que, afirmó, podrían influir en los procesos políticos mexicanos rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
El reportaje también recuerda que recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios y funcionarios actuales por presuntos vínculos con el narcotráfico. En este contexto, la relación entre ambos países atraviesa un momento de creciente tensión, justo cuando México, Estados Unidos y Canadá se preparan para revisar el tratado comercial T-MEC. Hasta ahora, ni Durazo ni Villarreal enfrentan acusaciones penales públicas en cortes estadounidenses y ambos han negado cualquier relación con actividades ilícitas.
