En México, más de 26 mil personas se encuentran en calidad de desaparecidas, según cifras oficiales, pero existe una enorme “cifra negra” de quienes no han denunciado por diversos motivos como amenazas e inseguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano no ha reconocido en su totalidad la dimensión de este problema, diversas organizaciones dan cuenta de la falta de voluntad para investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso en las desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.
El pasado 10 diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en el tema de desapariciones “faltaban pasos que dar”, por lo que anunció que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, a fin de erradicar estas prácticas en el país.
De aprobarse la iniciativa, dijo, se implementará un Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además del Registro Nacional Forense, y el Consejo Nacional Ciudadano.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Peña detalló que la propuesta contará con cuatro instrumentos.
En ese mismo evento, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la falta de atención a los casos de desaparición forzada pone en duda la capacidad del Estado mexicano y sugirió un cambio de rumbo.
“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar […] Nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales”, detalló el Ombudsman nacional.
González Pérez refirió que las autoridades mexicanas no cuentan con datos confiables que permitan distinguir casos de desapariciones forzadas de aquellos vinculados con el crimen organizado u otras causas, por lo que sugirió que si “se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones es preciso que las propias instituciones emprendan un cambio de rumbo”.
LA EXIGENCIA DE LAS ONGs
El anuncio del Ejecutivo federal fue visto con reservas por organizaciones nacionales e internacionales, las cuales se pronunciaron al respecto.
Amnistía Internacional (AI) dijo que las leyes en materia de desapariciones y tortura no deben ser tratadas “con apuros ni a la ligera” y advirtió que se debe tomar en cuenta a las víctimas y a expertos.
“Todavía debemos ver si estas leyes [en materia de desaparición y tortura] cumplen con los más altos estándares internacionales de derechos humanos o si los debates en el Congreso incorporan cabalmente las opiniones de expertos y aquellas personas que han vivido en carne propia estos crímenes horrendos. Estas leyes no deben ser tratadas con apuros ni a la ligera,” indicó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, en un comunicado.
Esta no es la primera vez que AI se pronuncia en el tema de las desapariciones, en julio pasado, la organización internacional calificó la aparición de decenas de fosas comunes en México como una muestra de la crisis de las desapariciones forzadas que se enfrentan en el país.
“Según cifras oficiales, más de 25 mil 700 personas han desaparecido en México en los últimos años, y casi la mitad de ellos durante la actual administración del Presidente (Enrique) Peña Nieto”, destacó el organismo en un comunicado.
Amnistía Internacional mantiene una campaña en apoyo a las familias mexicanas que buscan incansablemente a sus seres queridos a lo largo del territorio nacional, y que en su mayoría no cuentan con el apoyo de las autoridades.
“#NoesNormal”, es el lema de la campaña que ha convocado a figuras internacionales como el cantante británico Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting.
“No es difícil imaginar la angustia y el tormento que sufren las familias cuando un ser querido desaparece sin rastro o explicación, cuando intentan encontrarlos o saber qué pasó con ellos y se frustran con la aparente indiferencia de las autoridades ante una situación que ha llegado a niveles epidémicos en México”, dijo el ex líder del grupo The Police, en octubre pasado durante su gira musical en el estado de Morelos.
“Me reuní con algunas de las familias, pero son sólo la punta del iceberg. Hago un llamado al Gobierno de México a que le den seguimiento a estos casos de manera más vigorosa, que encuentren y lleven a la justicia a las personas responsables y que prevengan, mediante legislación, este tormento de desapariciones y abusos a los derechos humanos”, añadió el cantante.
La iniciativa de ley general en materia de desapariciones presentada por Peña Nieto también generó “desconfianza” en organizaciones nacionales, quienes han asegurado que no cumple con las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni con los estándares internacionales.
Tras un minucioso análisis de la iniciativa, las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México señalaron que ésta no toma en cuenta la mayoría de las propuestas y exigencias presentadas por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
También lamentaron la omisión del Senado, pues tuvo cuando menos tres meses para iniciar la discusión, análisis y consulta para expedir una Ley General y no lo hizo.
“Este retraso viola el plazo constitucional que daba al Congreso 180 días para que legislara en la materia, pero sobre todo demuestra nuevamente la falta de interés y voluntad política para legislar en materia de desaparición forzada”, expusieron las organizaciones.
Una de las 15 observaciones de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México a la iniciativa del Ejecutivo federal corresponde a la creación de Unidades Especializadas en materia de desaparición de personas, tanto a nivel federal como estatal.
De acuerdo con su análisis, la recién creada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no tendría razón de ser, ya que en la iniciativa presentada por Peña Nieto no se hace mención de ésta, “por lo que pareciera que la creación de dicha Fiscalía solamente ha sido una simulación por cumplir con las recomendaciones hechas por instancias internacionales”.
Sin Embargo