Vaya polvareda que la gobernadora Maru Campos provocó este fin de semana, con un video difundido en sus redes sociales en el que exigió poner fin al pacto de impunidad que protege a distintos personajes afines a la izquierda y al régimen obradorista relacionados con el narcotráfico.
Específicamente señaló al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y su grupo políticos, que mantienen secuestrados los poderes de aquél Estado.
El mensaje no pasó desapercibido, sobre todo porque se da en un contexto en el que sigue pesando sobre sus cabezas una solicitud de detención urgente por parte de un juzgado norteamericano con fines de extradición y después de que dos personajes importantes relacionados con el asunto acudieran voluntariamente a entregarse a la justicia estadounidense.
El golpe mediático fue inmediato y, como era de esperarse, anoche las redes sociales se llenaron de reclamos y descalificaciones de parte de los más fervientes defensores de la 4T.
Los agoreros del oficialismo desempolvaron de inmediato la cantaleta de la supuesta intervención extranjera en el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, y aprovecharon también para recordar las ausencias de la mandataria estatal y el hecho de que Chihuahua se encuentra en los primeros lugares nacionales en homicidios dolosos.
Las lenguas viperinas solamente se solazan de encontrar las debilidades dentro de los argumentos de las voces dentro de las corrientes políticas, más para entretenimiento del público, que para defender a nadie.
Por ejemplo, el asunto de El Pinal. Ese episodio fue dado por concluido desde hace varias semanas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció públicamente que los agentes extranjeros presentes en la zona eran únicamente observadores y que no participaron en el operativo, en el que por cierto intervinieron elementos del Ejército Mexicano y fuerzas federales.
Fue noticia nacional, pero hay quienes simplemente no quieren escuchar.
Esta conclusión no les ha entrado por los oídos, o no les conviene que les entre, porque el argumento de la “intervención extranjera” se les cayó desde el momento en que la propia titular del Ejecutivo federal aclaró el tema.
Luego viene el asunto de las ausencias de la gobernadora. Resulta curioso que dos de los personajes más indignados por la supuesta irresponsabilidad de Maru Campos se encuentren actualmente de licencia, recorriendo el estado y promoviendo sus aspiraciones políticas rumbo al 2027.
Es decir, dejaron la responsabilidad por la que pidieron el voto apenas en 2024 y hoy andan concentrados en construir sus candidaturas para buscar la gubernatura por Morena.
Más extraño todavía es que entre sus filas se encuentre uno de los exgobernadores de Chihuahua más recordados por sus constantes ausencias y sus frecuentes escapadas a Mazatlán para jugar golf. Sí, Javier Corral, aquel que parecía tener una agenda muy relajada: poco por las mañanas y descanso por las tardes. La memoria colectiva le refiere groseramente, cosa que aquí por respeto de inicio de semana no consignaremos.
La frivolidad y la falta de interés por trabajar son ahora el común entre la clase política. Si no nos creen, pregúntenle a Gerardo Fernández Noroña, quien gusta de los viajes internacionales en primera clase y de los restaurantes de súper lujo.
Y finalmente está el tema de los homicidios. Aquí sorprende la facilidad con la que los políticos se lanzan la pelotita en torno a sus facultades y responsabilidades. Están ciegos para ver que Chihuahua es un Estado Mexicano, es decir es responsabilidad desde lo federal de un Gobierno de la República.
Los homicidios violentos en nuestra entidad son en su mayoría causados por la delincuencia organizada y atender este fenómeno corresponde, en gran medida, a una competencia federal.
Además de que son grupos relacionados al tráfico de enervantes, sus integrantes utilizan armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y buena parte de esos hechos violentos se registran precisamente en la zona fronteriza, donde gobierna MORENA.
Pero eso tampoco significa que el Gobierno del Estado pueda desentenderse del problema. Al contrario. Chihuahua está gobernado por panistas y por morenistas en distintos niveles y, por tanto, todas las autoridades tienen responsabilidad en la crisis de violencia que se vive. Todos, absolutamente todos, tienen obligación de responder y de tomar cartas en el asunto.
Hasta mañana.
