La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no procederá contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, únicamente por una solicitud de Estados Unidos, mientras las autoridades de ese país no presenten elementos suficientes que puedan sostenerse dentro del sistema penal mexicano. La mandataria sostuvo que la Fiscalía General de la República deberá actuar únicamente si encuentra pruebas que permitan integrar una carpeta de investigación y, en su caso, solicitar una orden de aprehensión ante un juez.
Al ser cuestionada sobre si el llamado a mantener la unidad dentro de la llamada Cuarta Transformación podría convertirse en una defensa de funcionarios o políticos señalados por la justicia, Sheinbaum rechazó esa posibilidad y aseguró que las investigaciones corresponden a la Fiscalía. Explicó que, cuando existen elementos suficientes para presumir la comisión de un delito, corresponde al Ministerio Público construir el caso y solicitar las medidas judiciales correspondientes.
Sobre Rocha Moya, Sheinbaum señaló que Estados Unidos ha solicitado su detención urgente con fines de extradición, pero hasta ahora no ha entregado las pruebas adicionales requeridas por México. La mandataria explicó que Washington ha respondido que, por tratarse de este tipo de solicitud, considera que no tendría obligación de presentar mayores elementos; sin embargo, México mantiene la postura de que cualquier procedimiento debe cumplir con las exigencias de su legislación. Reportes previos confirman que el gobierno mexicano ya había advertido que la petición podría ser rechazada si Estados Unidos no aporta evidencia suficiente.
“Primero es nuestra Constitución y nuestras leyes”, sostuvo Sheinbaum al explicar que los sistemas penales de México y Estados Unidos funcionan de manera distinta. Puso como ejemplo que determinados testimonios pueden tener un peso probatorio diferente en ambos países y remarcó que la cooperación debe ser recíproca: así como Estados Unidos solicita pruebas cuando México pide una extradición, el Gobierno mexicano exigirá que las acusaciones provenientes del país vecino tengan sustento suficiente para proceder contra una persona en territorio nacional
