A dos días de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos hizo pública una carta en la que le solicita intervenir directamente en el caso del Crematorio Plenitud, al considerar que más de mil 600 familias continúan enfrentando obstáculos para conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener una reparación integral.
En el documento, firmado por su vocera Dora Elena Delgado Barraza, el colectivo señala una serie de presuntas omisiones y actos de negligencia por parte de autoridades estatales. Entre sus principales reclamos está la negativa de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, a informar a las familias a qué funerarias corresponden los 268 cuerpos identificados, además de la existencia de más de 150 denuncias por fraude contra ocho funerarias vinculadas al caso.
Las familias también cuestionan que el propietario señalado como principal responsable del crematorio, José Luis Arellano Cuarón, permanezca prófugo, por lo que solicitan al Gobierno Federal implementar mecanismos para lograr su localización y captura. Asimismo, piden investigar a servidores públicos que presuntamente habrían permitido o autorizado procedimientos irregulares relacionados con cremaciones y entrega de restos.
Otro de los puntos que el colectivo considera de especial gravedad es que, además de los cuerpos identificados, las propias autoridades reportaron el hallazgo de 386 cuerpos y cuatro esqueletos disociados, por lo que existen familias que todavía esperan conocer qué ocurrió con sus seres queridos.
En su carta, las víctimas también denuncian presuntas irregularidades sanitarias, inconsistencias en actas de defunción, falta de información, retrasos judiciales y una reparación del daño que, según sostienen, no contempla las afectaciones psicológicas, emocionales y sociales provocadas por el caso.
Ante la próxima presencia de Sheinbaum en esta frontera, el colectivo le solicita intervenir para garantizar investigaciones transparentes e imparciales, determinar responsabilidades penales y administrativas, transparentar la información sobre los cuerpos y funerarias involucradas, establecer mecanismos de reparación integral y fortalecer la supervisión federal de funerarias y crematorios.
