Acceder a la información pública es un derecho que exige la sociedad y no representa ninguna concesión, afirmó la legisladora del PRI por Chihuahua, Diana Karina Velázquez, luego que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara por mayoría la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Esta reforma obliga a transparentar y permitir el acceso a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Velázquez Ramírez aclaró que estas mismas instancias deberán proteger los datos personales que obren en sus archivos, aunque quedó fuera la obligación de publicitar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y la protección de informantes.
De acuerdo con la nueva Ley, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambiará el nombre por Instituto Nacional de Transparencia, el cual será cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, cuya función es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia.
Es decir – precisó la legisladora – se establece que toda persona tiene derecho al acceso a la información sin que haya actitudes que discriminen a quien la demande, ni estará condicionado a que el solicitante acredite interés de ningún tipo o justifique su utilización.
Diana Karina Velázquez subrayó que la información generada, obtenida, adquirida o transformada, en posesión de sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por “razones de interés público y seguridad nacional”; además que la reserva de mayor lapso será de 12 años.
La Diputada Federal consideró que con base en la premisa de que este derecho no es concesión, sino una exigencia social, nadie deberá ejercerla como bandera política.
Ello – destacó la legisladora – porque el acceso a la información abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas, y en otras funciones de relevancia, como es el combate a la corrupción.
Finalmente, todos los mexicanos tenemos el derecho de conocer el destino del gasto público y el correcto ejercicio de la función pública, concluyó Velázquez Ramírez.