CHIHUAHUA, Chih.- Durante años fue uno de los hombres de mayor confianza de la gobernadora María Eugenia Campos y uno de los principales operadores políticos del panismo chihuahuense. César Gustavo Jáuregui Moreno transitó por los cargos más relevantes de la administración estatal hasta convertirse en fiscal general, posición desde la que enfrentó una de las crisis más delicadas del actual gobierno. Este sábado 17 de octubre, su trayectoria dio un giro con su detención por una investigación relacionada con el caso de los agentes de la CIA.
Abogado de profesión y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Jáuregui construyó su carrera política al lado de Maru Campos. Cuando ella encabezó el Ayuntamiento de Chihuahua, él ocupó la Secretaría del Ayuntamiento; después del triunfo panista en la elección estatal de 2021, fue designado secretario general de Gobierno, una de las posiciones de mayor peso político dentro del gabinete.
En enero de 2023 asumió la Fiscalía General del Estado, en un momento marcado por la crisis de seguridad derivada del motín y la fuga de reos del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, ocurridos el primer día de ese año. Su nombramiento lo colocó al frente de la institución responsable de la procuración de justicia en una entidad golpeada por la violencia y las disputas criminales.
El caso que cambió su destino
La caída de Jáuregui comenzó con los acontecimientos de abril de 2026, cuando autoridades estatales participaron en un operativo para desmantelar un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.
El caso adquirió dimensiones nacionales e internacionales luego de conocerse la participación de agentes estadounidenses identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Dos de ellos murieron en un accidente vehicular cuando regresaban de las acciones operativas, junto con dos funcionarios estatales.
La presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano y las dudas sobre la autorización federal para su participación desataron una controversia sobre la soberanía nacional y la actuación de las autoridades de Chihuahua. La información inicialmente difundida sobre la identidad de los estadounidenses también quedó bajo escrutinio.
Jáuregui dejó la Fiscalía General del Estado en abril, en medio de la crisis. En ese momento, su salida representó el fin de una gestión que había comenzado poco más de tres años antes. Meses después, el caso volvió al centro de la escena política y judicial.
De hombre de confianza a blanco de señalamientos
La relación política entre Jáuregui y Maru Campos también quedó expuesta. El 14 de octubre, la gobernadora declaró en una entrevista con Latinus que dentro de la Fiscalía se había actuado “por la libre” y sostuvo que esa conducta no podía perdonarse, en referencia al manejo del caso de los agentes estadounidenses.
Las declaraciones marcaron un distanciamiento público respecto de quien durante años fue considerado uno de sus principales aliados. En paralelo, el escenario político rumbo a la sucesión de 2027 alimentó versiones sobre diferencias relacionadas con las aspiraciones de Jáuregui y sus posibilidades de buscar una candidatura del PAN.
Sin embargo, las diferencias políticas y las versiones sobre una eventual disputa por candidaturas no constituyen, por sí mismas, pruebas de que exista una motivación política detrás de la investigación penal.
La detención
La mañana de este sábado 17 de octubre, Jáuregui fue detenido en la ciudad de Chihuahua, en las inmediaciones del cruce de la avenida La Cantera y Washington, en la colonia Campestre-Washington. La aprehensión se ejecutó mediante una orden judicial relacionada con la causa penal 3055/2026.
De acuerdo con la información difundida sobre el mandamiento judicial, al exfiscal se le atribuyen presuntamente los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La investigación está relacionada con los hechos ocurridos durante el operativo de El Pinal y la participación de agentes estadounidenses.
La orden de aprehensión no equivale a una sentencia ni determina por sí misma su responsabilidad penal. Será el proceso judicial el que establezca los hechos que se le atribuyen y si existen elementos suficientes para sostener las acusaciones.
El caso coloca bajo escrutinio a uno de los personajes que concentraron mayor poder dentro del gobierno de Maru Campos. Quien durante años fue operador político, secretario general de Gobierno y titular de la Fiscalía ahora enfrenta una investigación que amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados del actual sexenio en Chihuahua.
