La mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum se transformó en una sesión de arqueología jurídica. Con documentos, nombres y antecedentes, se excavaron hasta 27 años de supuestas relaciones y operaciones de lo que quieren configurar como un grupo criminal.
Esta maroma fue monumental, nada más falto relacionar a Guadalupe Taddei y a los Hernández Casillas con el malvado ¡Caín! Y para este deslinde hay la máxima disposición para desempolvar hasta el último expediente.
Que mal habla esto de la Auditoría Superior de la Federación que ahora bajo consigna pretende revisar ejercicios de años anteriores, pero muy anteriores, incluso cuando existen observaciones pendientes de solventar y revisiones que ya se habían realizado.
Mientras tanto la duda golpea en la cara… ¿A Taddei se le piensa detener o al menos llamar a declarar algún día? Pruebas hay, muchas, pero la justicia no es expedita para todos.
Justicia y gracia de sobra habrá en esté incómodo episodio cuatrotero e incluso si se puede un poco más, un poquito de impunidad.
O ¿Cuál es la lógica de volver a investigar lo que ya fue objeto de revisión, mientras siguen pendientes las consecuencias de las observaciones existentes?
La fiscalización debe servir para esclarecer, corregir y, cuando corresponda, sancionar. Convertirla en una sucesión interminable de revisiones puede terminar pareciéndose más a una operación política que a un ejercicio eficaz de rendición de cuentas.
Las responsabilidades pueden caminar por distintas carreteras. Una es la administrativa, que puede derivar en sanciones, multas e inhabilitaciones para quienes hayan incurrido en irregularidades.
Otra es la penal, donde la Fiscalía Anticorrupción tendría que determinar si existen elementos para investigar delitos como ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones o enriquecimiento ilícito, según corresponda a los hechos y las pruebas.
La tercera es la política, donde las consecuencias pueden alcanzar a quienes tienen responsabilidades institucionales y deben explicar qué sabían, cuándo lo supieron y qué hicieron frente a las posibles irregularidades.
Si las denuncias involucran contratos, licitaciones y empresas proveedoras, la investigación tendría que seguir la ruta del dinero. Ahí la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades fiscalizadoras y la Fiscalía Anticorrupción resulta fundamental. Identificar posibles transferencias, beneficiarios y relaciones entre funcionarios y empresarios permitiría establecer si estamos ante simples irregularidades administrativas o frente a una trama de mayor alcance.
Hablar de delincuencia organizada o lavado de dinero puede sonar espectacular, pero semejantes acusaciones requieren elementos objetivos y pruebas sólidas. Tampoco se vale convertir una investigación en una cacería que termine atropellando garantías constitucionales. El piso debe ser parejo y la justicia debe aplicarse sin distinciones de partido, apellido o cercanía con el poder.
Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que las sospechas de corrupción alcanzan distintos niveles de gobierno y fuerzas políticas. El problema comienza cuando las investigaciones avanzan a velocidades diferentes dependiendo de quién esté sentado en el banquillo. En algunos expedientes las pruebas parecen suficientes para acelerar los procedimientos; en otros, hasta las órdenes judiciales de búsqueda y aprehensión parecen caminar a paso de tortuguita.
Y en este entramado también aparece la relación entre Guadalupe Taddei y los proveedores señalados en las denuncias, entre ellos Fernández Casillas. Si existen elementos para establecer responsabilidades, corresponde a las autoridades investigarlos, documentarlos y actuar. Incluso valorar las medidas legales que procedan, entre ellas una eventual alerta migratoria, siempre bajo los supuestos que establece la ley.
Lo verdaderamente grave sería que una investigación de esta naturaleza terminara convertida en otro expediente de colección, de esos que acumulan documentos, declaraciones y promesas mientras los años pasan y las responsabilidades se diluyen.
La democracia cuesta mucho como para permitir que sus instituciones se conviertan en negocio de particulares. Y si hubo mil, dos mil millones de pesos o cualquier otra cantidad comprometida, el asunto merece una investigación seria, completa y sin contemplaciones.
