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Suprema Corte invalida multas contra pedigüeños; considera que criminalizan la pobreza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una disposición municipal que imponía multas de hasta 4 mil 692 pesos a personas que solicitaran dinero o cualquier tipo de ayuda en espacios públicos, al considerar que este tipo de sanciones criminaliza la pobreza y vulnera el derecho a la igualdad y la no discriminación.

La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 25/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, para el ejercicio fiscal 2026. La normativa, publicada el 26 de diciembre de 2025, contemplaba multas de 20 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346.20 y 4 mil 692.40 pesos, por “mendigar en áreas públicas solicitando dádivas de cualquier especie”.

Al explicar el sentido de la resolución, la ministra Lorena Ortiz señaló que castigar a quienes solicitan ayuda en la vía pública representa una medida discriminatoria, pues sanciona a personas por su condición socioeconómica y afecta particularmente a quienes viven en situación de calle o marginación. Consideró que estas disposiciones castigan la pobreza en lugar de atender las causas que la generan.

La ministra sostuvo que las personas en condiciones de vulnerabilidad requieren protección y no castigos, y advirtió que este tipo de medidas profundizan la desigualdad y la violencia estructural. Con la decisión, la Corte invalidó el artículo impugnado y estableció que las autoridades deben evitar disposiciones que criminalicen la búsqueda de apoyo para subsistir.

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