La creciente inseguridad que enfrenta el país comienza a cobrar una factura cada vez más alta para el sector minero, poniendo en riesgo no solo las operaciones, sino la integridad de quienes trabajan en ellas. Así lo advirtió el presidente de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME), Capítulo México, Carlos J. Dávila, tras los recientes y lamentables hechos ocurridos en una operación minera en el estado de Sinaloa.
El dirigente del organismo calificó como profundamente doloroso que personas trabajadoras e inocentes se vean expuestas a escenarios de violencia derivados de un entorno de seguridad descompuesto. Subrayó que estos acontecimientos impactan directamente a una industria que, históricamente, ha sido un pilar del desarrollo regional y nacional, y que hoy enfrenta una de sus etapas más complejas.
Dávila señaló que la única vía posible ante este contexto es la preparación conjunta y decidida del sector. “La minería es una gran familia”, afirmó, al tiempo que destacó que la pérdida humana deja una huella imborrable y genera una creciente ansiedad sobre el futuro de la actividad en México, particularmente frente a un escenario internacional donde el sector avanza aceleradamente impulsado por el alza en los precios de los metales.
En contraste, explicó que en el país persiste un estancamiento provocado por factores políticos y modelos regulatorios obsoletos que frenan el dinamismo de la industria. Esta situación, dijo, impide que la minería retome su papel como detonante del crecimiento económico sostenido, a pesar de los avances en innovación, tecnología, cuidado ambiental y desarrollo comunitario impulsados por las empresas.
El presidente de la SME enfatizó que ninguna inversión tiene sentido si no se garantiza la seguridad física de las personas. En este contexto, destacó que diversas compañías ya trabajan en la implementación de protocolos de seguridad más robustos, enfocados no solo en la protección de activos, sino principalmente en salvaguardar la vida y bienestar de sus colaboradores.
Finalmente, Dávila hizo un llamado a la coordinación entre el sector público y privado, organismos empresariales y sociedad en general, al recordar que muchas veces son comunidades enteras las que enfrentan esta problemática. Aunque reconoció que estados como Chihuahua han logrado manejar estas situaciones de forma relativamente eficaz, insistió en que es indispensable una estrategia nacional que genere confianza, fomente la inversión y garantice condiciones adecuadas para el desarrollo de la minería en todo el país.
