La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que en Chihuahua quedó acreditado que durante la administración de Javier Corral se vulneraron el debido proceso y la presunción de inocencia, además de que existen evidencias de tortura contra al menos seis personas procesadas en ese periodo. Sus declaraciones se dan tras una resolución judicial federal que ordena retomar una investigación relacionada con presuntos actos de extorsión y amenazas.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el Amparo en Revisión 2055/2024, instruyendo reabrir la indagatoria contra Carlos Emmanuel A., alias “El Meño”, y Maclovio M. Ch., ex consejero jurídico del gobierno estatal en la pasada administración. Ambos son señalados por supuestamente haber ejercido presión y amenazas contra un exfuncionario y su familia.
Campos Galván subrayó que su gobierno no protege a personas que hayan cometido delitos; sin embargo, enfatizó que el Estado no puede fabricar culpables ni recurrir a prácticas ilegales para obtener declaraciones o pruebas. Señaló que el respeto a la legalidad debe prevalecer incluso en casos de alto impacto público.
Asimismo, indicó que el Protocolo de Estambul ha documentado posibles casos de tortura durante el sexenio anterior y sostuvo que las resoluciones federales recientes confirman abusos graves cometidos en nombre de la justicia. La decisión del tribunal revoca el no ejercicio de la acción penal dictado previamente por la Fiscalía General del Estado y ordena continuar la investigación por un delito considerado imprescriptible en el Código Penal de Chihuahua, el cual contempla penas de hasta 40 años de prisión.
