En su conferencia matutina, la presidenta de México reafirmó que cualquier solicitud de orden de aprehensión o proceso judicial debe apegarse estrictamente a lo que establece la legislación nacional. Señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, si existe la probabilidad de que una persona haya cometido un delito.
La mandataria subrayó que, desde el inicio de su gobierno, asumió el compromiso de respetar la Constitución, así como de velar por el bienestar del país y la defensa de la soberanía nacional. Indicó que México mantiene relaciones internacionales bajo un principio de igualdad, rechazando cualquier forma de subordinación.
Respecto a las solicitudes provenientes de Estados Unidos, precisó que, en caso de que existan pruebas contundentes, las autoridades mexicanas deberán actuar conforme a derecho dentro de su propia jurisdicción. Afirmó que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito.
No obstante, advirtió que, si no se presentan pruebas claras, dichas imputaciones podrían tener un trasfondo político. En ese sentido, reiteró que México no permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que corresponden exclusivamente al país, reiterando como ejes de su postura la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.
