La calificadora Moody’s Local México encendió las alertas sobre el futuro financiero del estado de Sinaloa al cambiar la perspectiva de su calificación crediticia de estable a negativa, en un contexto marcado por la crisis política y legal derivada de la orden de detención urgente y solicitud de extradición contra el gobernador con licencia y otros funcionarios de alto nivel.
De acuerdo con el comunicado, la decisión de la agencia no implica una baja inmediata en la calificación —que se mantiene en A.mx—, pero sí refleja un deterioro en las expectativas debido al incremento en los riesgos que enfrenta la entidad para acceder a financiamiento, particularmente en el corto plazo.
El punto de quiebre fue la revelación de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos, que involucra a figuras clave del gobierno estatal por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, lo que ha generado incertidumbre institucional y financiera.
Moody’s advierte que este escenario podría traducirse en una menor disposición de bancos e intermediarios financieros para otorgar crédito al estado, lo que presionaría su liquidez y limitaría su margen de maniobra presupuestal en los próximos meses.
El documento subraya que Sinaloa ya enfrentaba retos estructurales, como una dependencia significativa del financiamiento bancario de corto plazo y una limitada disponibilidad de efectivo, factores que ahora se agravan ante el nuevo entorno de riesgo.
Al cierre de 2025, el uso de créditos de corto plazo representaba el 28% de la deuda directa del estado, mientras que su posición de efectivo equivalía apenas a 0.14 veces sus pasivos circulantes, evidenciando una capacidad restringida para enfrentar choques financieros.
Si bien la calificadora reconoce que el nivel de endeudamiento total se mantiene relativamente bajo y que el estado ha registrado márgenes operativos positivos, el deterioro en la confianza institucional podría convertirse en un factor determinante para su estabilidad financiera.
En este contexto, Moody’s no descarta que, de persistir las restricciones en el acceso a financiamiento o de concretarse sanciones derivadas del proceso legal en Estados Unidos, la calificación del estado pueda sufrir una baja en el mediano plazo.
Así, el caso Sinaloa no solo abre un frente judicial y político de alto impacto, sino que también coloca bajo presión su viabilidad financiera, en un momento donde la credibilidad institucional se vuelve un activo clave para sostener el acceso a recursos y evitar un deterioro mayor en su perfil crediticio.
