¿Cuándo la política exterior de los Estados Unidos ha sido un ejercicio de caridad?
Para quienes le conocen un poco, saben que el Tío Sam se mueve por intereses, cálculo geopolítico y por la vieja costumbre imperial de intervenir donde considera que sus enemigos representan un riesgo para su seguridad o para su hegemonía.
El insufrible personaje de Donald Trump jamás tendría la capacidad de inventar la doctrina y respaldado por los poderes fácticos, la llevó a su versión más agresiva y descarada.
La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, realizada por fuerzas estadounidenses, representa quizá uno de los episodios más delicados en la historia reciente de América Latina.
Para muchos gobiernos y juristas internacionales, el operativo constituye una violación flagrante a la soberanía venezolana y al derecho internacional. Y sí, lo es. Ningún país debería normalizar que una potencia extranjera irrumpa en territorio ajeno para llevarse por la fuerza a un jefe de Estado.
Pero la realidad latinoamericana rara vez cabe en absolutos morales.
Los gobiernos de izquierda se apresuraron a censurar el “intervencionismo yanqui”, pero en contraparte millones de venezolanos celebraban en las calles la caída de un régimen que durante años convirtió a una de las naciones más ricas de América Latina en un territorio marcado por la miseria, el exilio y el miedo.
Ahí radica una contradicción de nuestra época: combatir un mal con otro mal menor parece haberse vuelto la salida desesperada de pueblos agotados por dictaduras eternas.
La izquierda latinoamericana insiste en vender la narrativa romántica de la resistencia revolucionaria, pero Cuba y Venezuela son ejemplos claros de cómo el poder absoluto termina sofocando las libertades más elementales.
En Cuba, durante décadas, el Estado decidió qué eran actividades ilícitas tener animales y hortalizas en granjas familiares. La libertad económica y personal fue reducida a una concesión del régimen.
El ciudadano dejó de ser dueño de su destino para convertirse en rehén de la ideología.
Y aunque la derecha tiene pecados históricos imposibles de negar —dictaduras militares, represión y corrupción—, en el presente latinoamericano los ejemplos más extremos de deterioro social, hambre, éxodo y persecución política provienen precisamente de regímenes autodenominados revolucionarios.
Por eso la operación de Trump en Venezuela genera una reacción tan ambigua. Jurídicamente es condenable. Políticamente, para muchos venezolanos, significó una bocanada de esperanza.
El problema es que la sombra de esas intervenciones ya comenzó a proyectarse sobre México.
En los círculos políticos de la 4T existe preocupación real por las solicitudes de detención urgente con fines de extradición contra un gobernador y varios funcionarios ligados a gobiernos de izquierda.
La razón sería la nueva narrativa impulsada desde Washington: considerar a los cárteles como organizaciones terroristas y perseguir a cualquier autoridad que presuntamente haya facilitado sus operaciones.
Estados Unidos dejó de ver el tráfico de drogas únicamente como un problema criminal; ahora lo concibe como una amenaza de seguridad nacional vinculada al terrorismo, particularmente por la producción y exportación de fentanilo.
Bajo esa lógica, cualquier funcionario acusado de proteger rutas, laboratorios o redes financieras podría convertirse en objetivo directo de investigaciones estadounidenses.
Y ahí es donde en Morena comienzan los nervios.
Pero en Chihuahua el gobierno panista tiene sus propios problemas. En medio de una polémica nacional que también involucra a los Estados Unidos, se ha generado una gran dialectica de defensa a la soberanía.
Aquí, por cierto, el nombre de Zuany comenzó a mencionarse en voz baja dentro de ciertos círculos políticos y de seguridad. Igual que ocurre con Rocha Moya, se habla de un personaje prácticamente escondido, del que nadie sabe con certeza si permanece en Ciudad Juárez o si ya cruzó hacia territorio estadounidense.
Las versiones que corren en pasillos políticos y empresariales lo señalan como el verdadero operador detrás de las relaciones y acuerdos que habrían permitido movimientos ligados a intereses norteamericanos y presuntas operaciones encubiertas en territorio chihuahuense. Se dice incluso que entró en pánico cuando el gobierno estadounidense le canceló la visa, entendiendo el mensaje de presión que Washington comenzaba a enviar.
A partir de ahí, cuentan quienes aseguran conocer los movimientos internos, vino la negociación. Poner en charola de plata el famoso megalaboratorio descubierto recientemente habría sido parte de una estrategia para obtener protección y evitar consecuencias mayores. Pero también se asegura que el propio entorno de Zuany se encargó de filtrar la inminencia de una posible intervención extranjera a personajes relacionados con la operación de dicho laboratorio.
Y si eso ocurrió, resulta imposible pensar que las altas esferas no estuvieran enteradas.
Porque en el operativo participó el Ejército Mexicano. Participó el Gobierno Federal. Participaron instituciones de inteligencia y seguridad que dependen directamente del centro del país. Sería ingenuo pretender que un movimiento de ese tamaño ocurrió a espaldas del poder político nacional.
Trump entiende perfectamente el impacto mediático y electoral de convertir el combate al narcotráfico en una cruzada internacional. Le funciona políticamente y le permite justificar medidas que hace apenas una década habrían sido impensables.
Hasta mañana.
