La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma electoral de Chihuahua genera mínimo suspicacias sobre el nivel de sumisión que demuestra en el ejercicio de sus funciones.
Desde el Gobierno del Estado de Chihuahua se acusa que la Corte terminó eliminando uno de los candados que buscaban impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Morena, por su parte, encontró en la resolución la oportunidad para hablar de una Corte que corrigió la plana al Congreso de Chihuahua. Su argumento apunta a las acciones afirmativas, paridad, elección directa de regidurías y límites a las facultades interpretativas de los órganos jurisdiccionales electorales.
Es decir, para Morena la Corte puso orden frente a excesos legislativos; para el Gobierno estatal, la Corte terminó desarmando un mecanismo diseñado para cerrar la puerta al crimen en las urnas.
Entre ambas versiones queda una pregunta de fondo que trasciende las posiciones de los actores políticos y de Estado: ¿qué tan independientes son hoy las instituciones que deberían funcionar como contrapeso del poder?
La gobernadora Maru Campos fue frontal al señalar que Morena litigó contra la reforma y que la Corte terminó concediendo aquello que, desde su perspectiva, le estorbaba al partido para blindar las elecciones frente al dinero, las amenazas y la intervención del crimen organizado.
Su argumento tiene una carga política, pero también pone sobre la mesa que la reforma chihuahuense pretendía establecer consecuencias electorales cuando la delincuencia organizada interviniera en una elección y favoreciera a un candidato.
El máximo tribunal desestimó esa parte de la legislación y ahí comenzó el choque de interpretaciones.
A la SCJN se le olvida que cuando un tribunal constitucional resuelve asuntos de enorme trascendencia política, su mayor patrimonio debería ser precisamente la confianza en su independencia.
Si una resolución termina siendo interpretada por una parte como la defensa de la democracia y por otra como una concesión al poder político nacional, pone en entredicho su imparcialidad ante la percepción ciudadana de que las instituciones actúan conforme a la Constitución y al derecho, y no conforme al partido que tenga mayor influencia en el momento.
La sospecha se vuelve todavía más incómoda cuando se observa el contexto nacional. Durante años se habló de recuperar las instituciones, de sacar al viejo PRI de las estructuras de poder y de construir una democracia donde los contrapesos fueran capaces de poner límites a los gobiernos.
Sin embargo, hoy existen señales que alimentan instituciones cuestionadas por su autonomía, gobiernos enfrentados con organismos electorales, oposición denunciando censura y ciudadanos observando cómo cada decisión judicial termina convertida en una batalla política.
Lo peligroso sería acostumbrarnos a que cada institución sea defendida únicamente cuando favorece a nuestro bando y atacada cuando favorece al contrario. Lo verdaderamente importante es que existan instituciones capaces de soportar ambos escenarios sin doblarse ante ninguno.
Hasta mañana.
