La carta de antecedentes penales, como requisito para la contratación profesional y laboral, es discriminatoria, “viola” los objetivos del nuevo sistema de justicia penal y obstaculiza la reinserción social, advirtieron senadoras del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
En una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Constitución, las legisladoras consideraron que la información relativa a los antecedentes penales sólo se tiene que extender por la autoridad responsable, para fines de investigación criminal o por requerimiento de autoridad judicial.
Además, propusieron que ninguna autoridad, entidad y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral puedan solicitar la presentación de carta de antecedentes penales como requisito para su integración o contratación profesional y laboral.
La autoridad responsable, sugirieron, podrá otorgar dicha información a los particulares o a las autoridades administrativas, únicamente cuando se trate de delitos graves y en los casos que determina la ley y respetando en todo momento la protección de datos personales.
El proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, fue suscrito por las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional; así como María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México.
En la exposición de motivos destacaron que, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas que cometieron algún delito y ya cumplieron con su sentencia, es la exigencia de muchos patrones para que presenten una carta de no antecedentes penales para solicitar empleo.
Reconocieron que no se puede dejar de lado la situación tan complicada que vive nuestro país en materia de seguridad: “la sociedad se encuentra preocupada, inquieta y hasta molesta con las autoridades que no han podido dar respuesta a las demandas ciudadanas que exigen un alto a la impunidad y mayor seguridad para todos”.
Sin embargo, ¿cómo pretendemos romper el círculo vicioso de la delincuencia si no permitimos que aquellos que han salido de las cárceles puedan conseguir un trabajo digno y bien remunerado? En la medida en que se garanticen oportunidades reales de trabajo, subrayaron las legisladoras, se podrá atacar una de las principales causas de este problema: la pobreza.
“Como sociedad tenemos que castigar el delito pero no al ser humano. Aquel que ha sido condenado por un delito pagará su pena y se reincorporará a la sociedad, es nuestra responsabilidad no cerrar las puertas generando un mayor resentimiento social que a la larga únicamente obstaculiza el progreso de México”, expresaron.