Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ejecutaron una orden de aprehensión contra el juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo, identificado con las iniciales M.J.T., quien se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial. El juzgador es señalado por su probable responsabilidad en el delito de prevaricación agravada, relacionado con presuntas irregularidades cometidas durante un proceso penal.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se inició a partir de denuncias ciudadanas y los datos de prueba apuntan a que el juez habría realizado de manera dolosa actos contrarios a la ley para favorecer a una de las partes. Entre los hechos investigados se encuentra una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada durante el periodo vacacional del Poder Judicial, en la que presuntamente modificó la prisión preventiva justificada que previamente había impuesto otra juzgadora.
La autoridad ministerial sostuvo que M.J.T. habría otorgado una ventaja procesal indebida a la defensa y rebasado los límites de su competencia al cuestionar y revisar los argumentos utilizados por su homóloga para imponer la medida cautelar. Además, la Fiscalía señaló que existe una relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor. La dependencia recordó que, conforme al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para modificar una medida cautelar deben haber cambiado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición.
La orden de aprehensión fue librada por una autoridad judicial de segunda instancia, tras considerar sólidos los argumentos presentados por el Ministerio Público, y fue ejecutada en la ciudad de Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción destacó que se trata de un hecho sin precedente en la entidad, al ser la primera ocasión en que un juzgador penal es llevado ante tribunales penales para responder por presuntos actos cometidos en el ejercicio de su función. La dependencia afirmó que respeta la independencia judicial, pero advirtió que ningún cargo o investidura está por encima de la ley.
