La hermana República de Costa Rica en voz de su mandataria Laura Fernández declaró a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, algo que hasta el momento el Gobierno Mexicano ha rechazado una y otra vez, por considerar que tal denominación no se ajusta a la actividad de los grupos criminales.
El asunto rasca en la llaga de la imperante necesidad de que los países coordinen esfuerzos frente a organizaciones delincuenciales que cruzan fronteras, mueven personas, dinero, armas y drogas, y extienden sus redes mucho más allá de sus territorios de origen.
Por el otro, está la narrativa del narcoterrorismo, que ha ganado terreno entre sectores de la derecha y que agrega un ingrediente todavía más dramático al combate contra el crimen organizado.
Resulta por demás sospechoso que desde Estados Unidos se haya puesto el reflector sobre los presuntos vínculos entre integrantes de esas organizaciones y personajes del poder político, particularmente dentro de la izquierda morenista, acusaciones que deben sostenerse con pruebas y atenderse por las vías institucionales correspondientes.
En el caso costarricense, se puso en el mismo costal a organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además de grupos colombianos como las FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional.
Una lista que habla de las dimensiones internacionales del problema y de la necesidad de que cada gobierno defina hasta dónde está dispuesto a llegar para enfrentarlo.
Habrá que observar qué postura asumen los demás países de América Latina. El gobierno de la 4T seguramente puede responder que nadie pidió la opinión de Costa Rica o Argentina, y se mantendrá al margen de sus estrategias.
Su argumento pierde fuerza cuando hablamos de un fenómeno internacional que exige cooperación, intercambio de información y decisiones compartidas.
La pregunta es si los gobiernos de la región terminarán construyendo una postura común o si cada quien seguirá atendiendo el problema según sus propios intereses.
No se hagan. Una cosa es defender la soberanía nacional, argumento legítimo y necesario, y otra muy distinta convertirla en una muralla discursiva para esquivar una discusión que tarde o temprano tendrá que darse. Ya veremos quién se suma, quién se reserva y quién prefiere hacerse el desentendido mientras las redes criminales siguen haciendo su agosto.
Y hablando de soberanía, en Chihuahua volvió a encenderse la polémica por el caso de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio provocó un nuevo choque entre las autoridades estatales y el Gobierno federal.
El exfiscal César Jáuregui ha salido a dar la cara públicamente. Sostiene que, si existen expedientes en su contra, los atenderá con orgullo, pues asegura que durante el operativo no se cometieron actividades ilegales.
Incluso ha dicho que, si volviera a estar en sus manos la decisión de desarticular aquel laboratorio, repetiría la operación. Habrá que esperar a lo que determine la justicia y hasta donde llegará el asunto, por el imperdonable hecho de que Cesar “El Malo” se saltó las trancas.
Hasta el lunes.
