La discusión sobre migración y seguridad volvió al centro del debate político en Chihuahua, al cuestionarse las facultades del gobierno Estatal frente a competencias exclusivas de la federación. Especialistas y actores políticos han señalado que la política migratoria corresponde únicamente al ámbito federal, por lo que cualquier intervención estatal en acuerdos internacionales podría representar un rebase de atribuciones legales.
En ese contexto, se recordó que en abril de 2022 la gobernadora de Chihuahua sostuvo un encuentro con el gobernador de Texas, Greg Abbott, donde se firmó un acuerdo un memorándum de entendimiento en materia migratoria. Dicho acuerdo contemplaba acciones desde la frontera, particularmente en Ciudad Juárez, para atender el flujo migrante, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance de estos compromisos.
Asimismo, se ha señalado que la presencia de agentes extranjeros en territorio Estatal ha sido justificada bajo argumentos de coordinación en seguridad. Sin embargo, este tema también ha abierto un debate sobre posibles omisiones a la Ley de Seguridad Nacional, que regula estrictamente la actuación de personal extranjero en el país y establece lineamientos claros para su participación.
En paralelo, la situación de seguridad en Chihuahua ha sido puesta en duda tras la emisión de alertas por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, que advierte a sus ciudadanos sobre riesgos al visitar la entidad. Este señalamiento se suma a datos que colocan al estado entre los primeros lugares en homicidios dolosos, lo que contrasta con los discursos oficiales sobre avances en seguridad.
