El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD) propuso exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a publicar información relacionada con las sanciones a permisionarios de estaciones de servicio, por la venta incompleta de gasolina, diésel y gas LP.
El secretario de la Comisión Investigadora de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, precisó: “no se tiene conocimiento de las sanciones aplicadas a las gasolineras en que se detectaron irregularidades, en cuántas ocasiones han reincidido y cómo se les ha permitido seguir operando”.
Resaltó que, en México, los ciudadanos cotidianamente se enfrentan a la estafa que cometen las gasolineras, así como las estaciones que suministran gas licuado de petróleo.
Aseguró que una de cada tres gasolineras roba a los automovilistas, vende litros de combustible incompletos, los cobra como si fueran enteros y las estaciones de gas licuado de petróleo entregan cantidades inferiores a las que registran sus instrumentos de medición.
Cuevas Mena refirió que, en 2013, la Profeco informó que el 36 por ciento de las dos mil 359 gasolineras que verificó presentó alteración, además de haber detectado otras violaciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-005-SCFI-2005.
Mencionó que la Procuraduría está obligada a iniciar un procedimiento por infracciones de la Ley, y cuando confirma que un proveedor incumplió, lo debe sancionar con multas, clausuras o inmovilización.
Sin embargo, aclaró, “no se conoce el tipo de sanción aplicada, lo cual serviría para prevenir a los consumidores, por lo que es imprescindible que el sitio oficial de la dependencia haga pública esta información”.
Puntualizó que al tratarse de un delito, debe intervenir el Ministerio Público Federal para acreditar los elementos del tipo penal que corresponden. La Cámara de Diputados debe exhortar a la Profeco a colaborar con información detallada de las verificaciones que ha realizado, haciendo del conocimiento público, en su sitio oficial, el resultado y la sanción aplicada.
Cuevas Mena detalló que si bien se han efectuado reformas para endurecer la punibilidad de este delito, hay opacidad en los resultados de las verificaciones que se han realizado hasta el momento.
De ahí, expuso, la necesidad de trasparentar los datos y contar con los antecedentes que faciliten no sólo la aplicación de dicha normatividad y las sanciones, sino hacer efectivo el derecho a la información que tienen los consumidores de gasolina, diésel o gas LP, para conocer y tener orientación sobre los sitios donde se dan estas estafas.
Afirmó que el delito más recurrente es la alteración en las bombas de gasolina y los instrumentos de medición de las estaciones de gas LP, con el propósito de despachar menos combustible del que compran los automovilistas.
Por ello, aseguró, la información debe ser pública y detallada respecto al tipo de sanción aplicada, “pues la mayor parte del tiempo la conducta se repite y las estaciones de servicio continúan burlando la ley, y en tal sentido se requiere prevenir al consumidor de manera oportuna”.