NO PARA ECHAR campanas al vuelo, pero quizá el primer paso a una posible caída de la elección de 56 jueces del Poder Judicial del Estado, es lo que otorgó una resolución por parte de una jueza federal, que aunque en lenguaje jurídico, los inconformes que denunciaron el proceso de selección lo toman con sus reservas, lo cierto es que se abrió una ventana de posibilidad para que así sea, a pesar de que desde la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Gema Chávez y que fue donde el consejero de la Judicatura Estatal, Joaquín Sotelo Mesta, interpuso la denuncia por presunta corrupción en la elección de los juzgadores, ni siquiera den señales de vida.
Peeeeero lo ocurrido con la resolución de un juzgado de distrito, vaya que movió el entramado del Poder Judicial y de quienes encumbraron a esos 56 jueces que, muy seguramente, habrán de unir sus conocimientos leguleyos para patear, y patear, una verdadera sentencia que los remueva de su cargo por las inconsistencias denunciadas en su elección.
Sin embargo, los inconformes que desenmascararon el proceder al interior del Poder Judicial, también deberán agotar sus posibilidades jurídicas y, por qué no, llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los tiempos lo ameriten, pues ahí, como presidente de la SCJN está el ministro Arturo Zaldívar, el mismo que en abril del 2018 propuso desaparecer el Consejo de la Judicatura Estatal, y que por un voto salvaron el pellejo en aquel entonces, pero que en una de esas y el ruido que ha ocasionado el Poder Judicial local a nivel nacional por las supuestas corruptelas internas, podría provocar que, otra vez, la Corte decida involucrarse en la manera en que en Chihuahua se imparte la “justicia”
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YA QUE HABLAMOS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueva cuenta los ministros volvieron a patear hacia otro día la resolución que deberán tomar en torno a la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los diputados locales de Morena y del PRI respecto a la reestructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado, lo cual trae en vilo al gobernador Javier Corral, pero que a decir de propios y extraños, la decisión de la Corte viene en torno a desecharla y abrirle paso a la Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Fuentes Vélez, para que de nueva cuenta pueda negociar la misma con los bancos interesados, los cuales, según los malosos, ya están haciendo fila. ¿Será que ahora sí del jueves no pasa?
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LOS QUE YA están a punto de turrón son los chamacos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde está por arrancar en los hechos el programa de Justicia Participativa, denominado Juez Cívico.
Los que se encuentran cerca de esa pretensión municipal aseguran que las adecuaciones a las Comandancias de Policía, Sur y Norte, ya están casi al cien por ciento y solamente es cuestión de que se de el banderazo de arranque. Este programa, nos dicen, se enfocará en atender desde la perspectiva de salud y no tanto de seguridad, las causas y consecuencias de la reincidencia en la comisión de faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno.
El modelo como tal ya funciona en un par de municipios del país, uno de ellos Escobedo, Nuevo León. En cuestión de semanas se empezarán a ver los pininos de Chihuahua.
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EN DONDE SE pusieron duros fue en la Dirección de Vialidad, pues el mandón del changarro, Rafael Palacios, dejó en claro su aversión en contra de quienes manejen en estado de ebriedad o intoxicación.
No solamente está el tema del incremento de multas, sino la exigencia e inspección tipo auditoría aleatoria, de los operativos nocturnos para instalar retenes que detectan hasta el aliento alcohólico.
Para unos la medida que no distingue entre el que bebió “una copita” o quien de plano se ingirió “la fiesta entera”, resultó un extremo, pero para otros, principalmente aquellos que ha perdido algún familiar en un accidente de auto donde estuvo involucrado el alcohol u otra droga, sin duda coincide que ninguna medida de prevención sobra.
Lo cierto es que a partir de este fin de semana los separos de la Dirección de Vialidad se verán atiborrados, al tiempo que se necesitará más personal médico para practicar tanto examen para medir la presencia de alcohol en la sangre, pues como ya bajó la instrucción, hasta los que traigan aliento a bebidas embriagantes y se encuentren al volante, serán por lo menos detenidos y multados hasta que se les quite el tufo o llegue un familiar a pagar la multa y recoger el automóvil. Aquí otros gabonés con el apretón de la medida serán sin duda los corralones. La alternativa, como dice el propio Director de Vialidad es no combinar la ingesta de alcohol y la manejada.
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MUY ADMIRADOR DE Jesucristo y toda la cosa, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador está dejando en el limbo a decenas de habitantes de la Sierra Tarahumara en lo que respecta a la salud, pues trascendió que fiel a su estilo de hacerse el mago y desaparecer cuanto programa social desarrollaron sus antecesores en la silla presidencial, alrededor de 15 médicos que prestaban sus servicios en Guadalupe y Calvo y Balleza, a través de PROSPERA, fueron liquidados de sus trabajos, por lo que así, de un chasquido, las unidades de salud que operaban en localidades de esos municipios, quedaron sin doctores que atiendan a la población, en su mayoría rarámuris y de escasos recursos… no que primero los pobres y fiel a la doctrina del nazareno.
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POR CIERTO QUE esos médicos no son los únicos que se han quedado sin trabajo, ya que la incertidumbre continúa reinando en las dependencias federales, especialmente en la Comisión Nacional Forestal delegación Chihuahua, en donde los trabajadores no han recibido sueldo alguno desde diciembre que llegó la Cuarta Transformación, incluso, ni siquiera los han recibido para explicarles su situación laboral, por lo que ellos continúan llegando a la chamba en espera de que algún ente se apiade de sus dudas y problemas, sin embargo, tal parece que la situación no llegará, pues en lo que involucra a la CONAFOR, los recursos fueron recortados por el Gobierno federal desde inicios de enero.
Source: Columna