Antesala judicial-tumbos ciegos-Morena decisión-Güerito reloaded

CORTANTES, EN OCASIONES titubeantes, pero sobre todo temerarias y reveladoras, es como se aprecian las declaraciones que ayer hizo el Coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, quien no sólo exhibió su novel e iracunda forma de procesar un tema meramente periodístico –caso MOLRI-, sino que se puso en la antesala de un proceso de tipo penal al haber confirmado verbalmente la violación a la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público. Es más, aseguran ya los abogados que observaron los videograbados dichos del juarense: “A confesión de parte, relevo de pruebas”.

Y como buen danzante, Pinedo no irá solo al baile, sino que convidó de la irresponsabilidad a toda el área administrativa de la oficina que ¿dirige? en la planta baja de Palacio de Gobierno. En la Secretaría de Hacienda también están que se arrancan los mechones de la desesperación ante la sentimental justificación de que “nos equivocamos”, pero como, según Pinedo y compañía, son fallas del corazón y en aras de la demócrata transparencia, pareciera que la ley está obligada a perdonarles las fallas, con todo y que su aplicación se la pasaron por el arco del triunfo.

En conferencia de prensa, misma que duró 90 minutos y no tiene desperdicio alguno por las respuestas ahí vertidas, el funcionario estatal una y otra vez confesó haber hecho contrataciones que en el terreno del matiz legal trasgreden la ley que rige dichos temas y que ya son observadas por los interesados en el ramo. Por ejemplo, Pinedo en repetidas ocasiones, dejó en claro que la contratación de la empresa MOLRI –propiedad de la hermana del síndico Miguel Riggs- la llevó a cabo sin licitación pública alguna y realizó la contratación vía adjudicación directa.

Y es que Pinedo puso sobre la mesa la idea de que se trató de una contratación al menor precio y que le pidieron su cotización a un total de cuatro proveedores del ramo. Sin embargo, al coordinador de Comunicación nadie le explicó que la Ley de Adquisiciones establece que un contrato menor al millón 200 mil pesos tiene que llevarse a cabo bajo el proceso legal de invitación a cuando menos tres proveedores, pero que dicha modalidad no significa que el Comité de Adquisiciones no gire invitaciones oficiales a los mismos, se lleve a cabo junta de aclaraciones, presentación de propuestas, fallo, etc. Vaya, no se hacen contrataciones públicas porque el encargado de la oficina en cuestión decida el proceso que más le convenga.

Es decir, la operación legal de la Coordinación de Comunicación Social, si es que existe, puso en entredicho la filosofía con la que dice manejarse el presente gobierno. Y es que el señor Pinedo repitió en varias ocasiones que sus procesos de contratación siempre han estados ajustados a las normas. Para su desgracia, el caso de la impresión de lonas no es el único tema de adquisición violatorio a la ley, lo mismo hizo con la contratación de tres distintos entes para monitorear medios de comunicación, la impresión del periódico estatal Cambio 16, las tareas propias en la difusión de redes sociales y lo que resulte.

La ignorancia de la ley no le exime a Pinedo el cumplimiento de la misma. Es lastimoso, por ejemplo, que confunda un proceso licitatorio de “invitación a cuando menos 3 participantes”, con la petición de cotizaciones simples por teléfono, como quien anda consiguiendo el mejor precio para comprar un puñado de cacahuates o pepitas. De ese tamaño está el problema de raíz.

El funcionario se puso, solito y sin ayuda, en la picota del qué hacer del propio gobernador Javier Corral, pues ayer aceptó una y otra vez haber hecho contrataciones fuera de licitación pública a pesar de que la norma te reglamenta lo contrario. Por si fuera poco, ya en el pasado, Pinedo amenazó con renunciar al gobierno corralista si seguía al frente de la policía Estatal Única, Javier Benavides. Así que el ejercicio de la administración pública ya le comienza a cobrar sus facturas al mandatario azulado, quien dicho sea de paso, han sido sus propios colaboradores los que lo han colocado en el terreno de la ilegalidad de la administración pública.

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ENTRE LA INGOBERNABILIDAD y el descontento, así es como el Nuevo Amanecer anda dando tumbos desde su Coordinación de Comunicación Social hasta los cuerpos policíacos, pues desde ayer la cereza del pastel fue la detención de 13 manifestantes de Saucillo, Delicias y Camargo que bloqueaban las casetas de peaje, bajo el simple y llano argumento de que al Estado le molestó que las tomas estén afectando el ingreso de billetes a las arcas estatales, con eso de que todavía no se les olvida ni sacan de su discurso que el ex gobernador César Duarte los dejó en la quiebra, tan es así que ya utilizan el argumento hasta para escudar las adjudicaciones de contratos y pasarse por el arco del triunfo las licitaciones.

Y es que mientras Chihuahua se encuentra al borde del incendio social, entre el aumento a las gasolinas y la revalidación vehicular, al gobernador Javier Corral, esos mismos que lo apoyaron en campaña porque confiaron en su discurso anticorrupción y hasta libertario, ya hasta lo llamaron represor y hoy por hoy ya le dieron la espalda, aunque es un hecho que los gritos que ayer retumbaron en las paredes de cantera de Palacio, no alcanzaron a llegar a los oídos del góber que estaba en Puebla.

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SIN EMBARGO, HOY a las 10 de la mañana y si otra cosa no sucede, el gobernador Javier Corral ofrecerá, ahora sí y según su aparato de Comunicación Social, una rueda de prensa ante los medios de comunicación capitalinos, misma que ha sido prometida desde hace meses y nomás no llegaba, así que lo más seguro es que los cuestionamientos vayan directo a los actos de represión que se han registrado en la región centro-sur del estado, en donde el ardor social anda por las nubes, e incluso en una de esas también salen a relucir los jugosos contratos que el Gobierno del Estado le entregó a la empresa de lonas y publicidad propiedad del síndico de la capital, Miguel Riggs Baeza.

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TAL Y COMO le anunciamos que el horno no está para bollos, los que pretenden incendiar hoy el pastel completo son los dos diputados locales de MORENA, Leticia Ortega y Pedro Torres, quienes presentarán un exhorto al Poder Legislativo para que la revalidación vehicular cueste 389 pesos y no los 1,231 que se cobraron en enero con el descuento de los 700 pesos, ya que ese fue el compromiso que acordaron ambos legisladores izquierdosos con los manifestantes que irrumpieron en el Congreso y que dejaron en vergüenza a Miguel Vallejo, diputado de Movimiento Ciudadano, al acusarlo de haber votado a favor del precio actual del impuesto vehicular y aun así ir a atenderlos como si los molestos ciudadanos no lo supieran.

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QUIEN YA TIENE fecha para separarse de su cargo al frente de la Auditoría Superior del Estado es Jesús Esparza, el cual ayer mismo envió un oficio firmado por su puño y letra a los mandones de las entidades de Fiscalización Superior locales y al auditor Superior de la Federación, para enterarlos de que el 13 de febrero dejará de ser el jefe de la ASE, bajo el argumento de la presiones y denuncias ejercidas por parte del diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

En el documento que está en poder de Entrelíneas, el todavía auditor les hizo saber a sus colegas de todo el país que se defenderá por la vía legal de las demandas penales que interpuso el panista legislador, por lo que el Contador dejó la puerta abierta para regresar al tema de los números y la política, a pesar de que en los últimos días han sido de pesadilla.

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EL QUE AYER reapareció en la escena política de la fronteriza ciudad Juárez fue Rodolfo Martínez Jr., mejor conocido como el famoso “Güerito Martínez”, hijo del importante empresario del ramo constructor del mismo nombre, y quien fue considerado uno de los hombres más importante en el primer círculo de apoyo en las campañas de todos los niveles en los terrenos tricolores.

Martínez desde ayer fue nombrado City Manager del Ayuntamiento que preside Armando Cabada. No es nueva la amistad entre ambos chamacos, pues desde la precampaña la unión que ambos tenían no la escondían. Vaya, hasta juntos iban a cortarse el pelo en sus constantes visitas a esta capital en la zona de peluche allá por el periférico de La Juventud. Además, los registros de vuelos compartidos en la aeronave privada de la familia Martínez también enmarcan al hoy edil juarense.

Así que quienes hoy quieran buscarle tres pies al gato respecto a la relación del “Güerito” Martínez con Armando Cabada, exhiben el desconocimiento en la relación de ambos.

Por cierto que Martínez ya tiene su paso por la administración pública, precisamente fue Oficial Mayor con el ex alcalde Héctor “El Teto” Murguía, con quien la relación de padre e hijo empresario no terminó del todo bien, por aquello de los reclamos de los acuerdos incumplidos. Hoy, digámoslo así, son amigos y rivales.

También, Martínez refuerza la relación con la senadora Lilia Merodio, quien no cesa en impulsar la carrera política del chamaco empresario, además de que es recíproca en el agradecimiento de la forma en que la familia del Grupo Constructor Roma, apoyó decididamente la causa de Merodio, tal y como lo hizo en Juárez con la bandera del independiente Cabada. Las apuestas hoy están validándose como buenas.