No sólo traen tremendo batidero con la elección de 56 jueces y siete magistrados en el Poder Judicial del Estado, sino que ahora resulta que los encargados de impartir justicia salieron más uñas largas que a los que juzgan y sentencian, y es que trascendió que un magistrado oriundo de la frontera y con nombre bastante romano, le está metiendo la mano al cajón de las fianzas no cobradas, esas que se quedan en las arcas del Tribunal Superior de Justicia, pero que por angas o por mangas, el acusado prefiere correr antes de que lo encierren de nuevo, sin embargo, cuando la cabeza se enfría y regresa por la garantía económica que dejó para obtener su libertad, simplemente le aclaran que ya venció y que no vuelva ni por el cambio.
Son varios los señalamientos que existen del negociazo que están armando con las fianzas sin cobrar, lo que sin duda ha hecho pensar que aunque vean la tempestad, los leguleyos personajes nomás no se hincan, o más bien lo hacen, pero con los dientes al jugoso presupuesto y los arrimadijos que caen a través del negocio de la justicia, por lo que la corrupción, a decir de los malosos, corre rampante por los pasillos de la Ciudad Judicial.
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Hablando de corrupción, por más baños de pureza que se eche la administración del gobernador Javier Corral, las lenguas viperinas revelaron que en la Dirección de Transporte también se derrama el lodo de presuntas corruptelas, pues aunado a ello, se suman ahora actos de influyentismo por el nombramiento de una nueva funcionaria, por lo que la queja la sustentan en que la hoy coordinadora carece de méritos, y el único con el que cuenta es el haber sido escolta de director operativo de la Comisión Estatal de Seguridad, Álvaro Serrano, además de instructora de la Academia de Policía y elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Los malosos añadieron que el nombramiento se ejecutó de manera discrecional, pues entre su currículum está el ser esposa de un oficial que actualmente se desempeña como chofer particular del mandón de la Policía Vial, Javier Palacios, y aunque el gobierno estatal nomás ve la paja en el ojo ajeno, los que más saben afirman que los inspectores de Transporte reciben órdenes directas de comandantes que les prohíben detener a ciertas líneas de transporte de carga, ya que los jefes se benefician de cuotas de agradecimiento, todo por no ser multados.
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Los malosos nos comentan que ya comenzó a tener sentido esa reunión, con todo y fotografía de por medio, entre la consejera de la Judicatura estatal, Lucha Castro (actualmente señalada por manipular a su antojo la elección de 56 jueces y siete magistrados) y el súperdelegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, acompañados del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Miguel Colunga, pues a sabiendas de lo que se venía al interior del Poder Judicial, el cual hasta la semana pasada controlaba a su antojo, Luz Estela Castro buscó también el cobijo de los morenistas, al cabo que ella siempre se ha sentido de izquierda, a pesar de que cobrar con la derecha desde que inició el gobierno de Javier Corral. Sobre todo, pretende estirar la cobija de protección ante las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de denunciar pública y legalmente las corruptelas que se registren en el Poder Judicial, ya sea federal o en cada uno de los estados.
Por cierto, bajo la misma tónica del batidero leguleyo, el que no negó que el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Javier Corral, ha citado a los consejeros de la Judicatura estatal tras la denuncia interpuesta por Joaquín Sotelo, uno de sus integrantes, fue el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, demostrando que aunque los poderes se digan autónomos, eso de la separación es puro cuento romántico y democrático, pero como el caos por el crítico señalamiento de corrupción en la elección de jueces y magistrados amenaza con desbordarse, no les queda de otra que entre todos, intentar salir del lodo que armó la consejera Lucha Castro, solapada por más de un miembro del Poder Judicial y quién sabe si con la venia de Palacio de Gobierno.
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Ya que se mencionó al súperdelegado Juan Carlos Loera, tremendo embrollo en el que lo metieron los diputados federales del PAN, Mario Mata y Miguel Riggs, que como ya es sabido, lograron que los jueces les dieran la razón en el tema de la estancias infantiles, por lo que según el fallo de los tribunales Primero y Segundo de Distrito, el gobierno federal tendrá que reponer el dinero que no se les entregó en los meses de enero y febrero a las estancias que se ampararon y a las cuales defendieron los legisladores panistas, con base a los lineamientos que estaban establecidos el año pasado y no por el berrinche de la Federación de quitarlos y darles 950 pesos a los padres de familia, así que no conforme con que Loera de la Rosa y su equipo no dan pie con bola con los Censos del Bienestar, ahora tendrá que resolverles la resolución de los amparos a las casi 180 guarderías a las que los azules les echaron la mano.
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Para no dejar nada en el tintero de los chicos de Morena, los malosos aseguran que el pleito que se traen el excoordinador de asesores de ese partido en el Senado de la República, Alejandro Rojas, con la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, está teniendo y tendrá consecuencias a nivel local, especialmente en el Comité Directivo Estatal en donde despacha Martín Chaparro, a quien podría perjudicar de manera directa el pleito entre el grupo del senador Ricardo Monreal, al que pertenece Rojas, y la mandona de Morena a nivel nacional, de quien depende el líder estatal para seguir con vida al frente del CDE.
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Ante el batazo de jonrón que les pegó el gobernador Javier Corral y el Consejo Consultivo de Transporte para no aumentar a 13.50 pesos el pasaje en las rutas alimentadoras, los concesionarios y sus líderes no se quedaron tranquilos, pues según deslizaron los malosos, la estrategia va más allá de lo tangible o del simple golpe en el bolsillo, resulta y resalta que a pesar de lo malo que ya tiene el servicio del transporte público, éstos permitirán que incluso empeore, ya que el costo político golpeará directamente al gobierno estatal, al cual no pueden sublevarse a simple vista debido a la existencia de sendas órdenes de tacos contra raza de la CTM, pero como mancos no son y la venganza es un plato que se sirve frío, buscarán presionar al Estado a través de esas formas para que así, por fin, en seis meses, den su brazo a torcer con el aumento al pasaje.
Source: Columna